Identidad cultural y conciencia nacional

23 febrero 2009

IDENTIDAD E INTERESES NACIONALES

Por Comité Editor «Realidad Nacional»

De un lado tenemos, el Estado que respeta la identidad pluricultural del país, esto es, el conjunto de identidades culturales de la comunidad nacional, por tanto se distingue la identidad nacional como un proceso de interculturalidad que reconoce la interrelación de diversas culturas en la formación de una cultura nacional. Las identidades culturales son formas colectivas de identidad porque se refieren a algunas características culturalmente definidas de la identidad nacional, compartidas y retroalimentadas por las personas individuales y colectivas, como es el caso de las comunidades campesinas y nativas del país. Por otro lado, el deber constitucional de todos los peruanos –que comprende el Estado y la sociedad en su conjunto de proteger los intereses nacionales-.

Los intereses nacionales son la expresión del deseo colectivo nacional, definido por el pensamiento estratégico aplicado a la realidad nacional como la relación de tensión entre una necesidad material o espiritual de la comunidad nacional y el bien requerido para satisfacerla. Hay bienes propios de fortuna nacional como los recursos naturales y la diversidad cultural que generan la necesidad de protegerlos, así como bienes potenciales ajenos por obtener. Los intereses nacionales contenidos en la realidad nacional orientan los esfuerzos del Estado y la sociedad, le brindan cohesión y hacen coherente su accionar como país marítimo, andino, amazónico, antártico y aeroespacial.

La comunidad nacional vive hoy un intenso proceso de globalización que tiene su mayor expresión en el aspecto económico, con particular incidencia en el mercado de servicios culturales. La globalización económica es más una amenaza que una oportunidad para las culturas nacionales, porque pone en grave riesgo sus autonomías, sus identidades y sus sustentos. Frente a este fenómeno global potencias mundiales lideradas por Francia oponen la llamada excepción cultural, porque se resisten a la liberalización del comercio cultural que erosiona los cimientos de sus identidades nacionales y por tanto afecta la propia institucionalidad del Estado-Nación.

La crisis de identidad nacional que sufren los estados-naciones no es originada por la globalización, tiene raíces al interior de las propias comunidades nacionales que se manifiestan en rasgos culturales propios como son: la ausencia de valores éticos y morales, la carencia de signos y símbolos para expresar pensamientos e ideas, y en especial por no tener en cuenta las experiencias sociales que son fuente de la costumbre como norma social de convivencia comunitaria. La amenaza de la globalización a la diversidad cultural sumada a la crisis de identidad nacional pone en riesgo de estado fallido al Estado-Nación, y desafía nuestra capacidad individual y colectiva para superar debilidades e incrementar fortalezas.

Nuestra responsabilidad social individual y colectiva, por una educación y una cultura comprometida con la conciencia e identidad nacional es consecuente ineludible de la obligación que tiene todo ciudadano en particular, y el Estado y la Sociedad en general.

Así por un lado, es norma fundamental del Estado preservar las diversas manifestaciones culturales y garantizar la educación pública y la educación privada, a fin de promover la conciencia y construir la identidad nacional; y por otro lado, es deber constitucional de toda persona individual y colectiva honrar a la patria y proteger los intereses nacionales.

Dado que la educación y la cultura son pilares fundamentales de la conciencia e identidad nacional del país, así como que es deber constitucional de todos los peruanos proteger los intereses nacionales, nos corresponde como grupo preparado en realidad nacional, defensa y desarrollo contribuir a orientar el esfuerzo de la comunidad nacional en sus áreas de responsabilidad respecto de la identidad cultural y los intereses nacionales como país marítimo, andino, amazónico, antártico y aeroespacial.

Lima, 23 de febrero de 2009.

Importancia de la educación nacional: sólo la cultura nos hará libres e iguales

31 marzo 2014

ENTREVISTA
Por: Walter Carrillo Sánchez

“La educación es tan importante en el país que no se puede dejar este tema solo al Estado o a los privados. Debemos asumirlo juntos”

José Miguel Morales*

Una educación de calidad sólo se podrá alcanzar con el esfuerzo y la unión del Estado, del sector privado y de la sociedad civil, afirma José Miguel Morales, quien realiza un balance del trabajo desplegado por Empresarios por la Educación (ExE) y de los objetivos que esperan alcanzar en este 2014.

¿Cuál es el balance del trabajo realizado por Empresarios por la Educación?
El balance es bueno. Si se mira en retrospectiva, cuando comenzamos, no pensamos que se llegaría tan lejos. Es un trabajo fuerte y constante. Al inicio tratamos de enfocarnos en obras de infraestructura, pero eso no es permanente. Uno construye algo; y si eso se cae, al final no queda nada, pero lo que si queda es la capacitación. Y hacia eso fuimos.

¿Cómo se inició este trabajo?
Cuando estábamos en la CONFIEP, hicimos un congreso basado en la educación y nos dimos cuenta de que todas las empresas tenían propuestas para la educación, así que replanteamos el tema. No era una competencia entre nosotros porque en educación no se compite, sino que juntos se debía apoyar al país. Así que creamos Empresarios por la Educación a fines del 2007 y comenzamos a trabajar en el 2008, en una sala de la CONFIEP. Después, poco a poco, nos fueron apoyando. Empezamos con tres grupos económicos importantes: el Grupo Brescia, Buenaventura y el Grupo Romero.

¿En la actualidad cuántas empresas apoyan a Empresarios por la Educación?
Tenemos 49 empresas, como Microsoft, IBM e Intel, y entre ellas no hay competencia. También se encuentran Backus, Banco Continental y el Banco de Crédito. Del sector minero están Southern Perú, Antamina, Tintaya, Buenaventura, Minsur, Poderosa, Marsa, entre otras. El sector minero es el que está más representado, hay como 14 en Empresarios por la Educación. Además, figuran las empresas de los sectores hidrocarburos y de electricidad.

¿Desde el inicio la idea era que los programas se debían aplicar fuera de Lima?
Así es. Con orgullo podemos decir que llegamos a 23 de las 25 regiones del país. Desde el principio se pensó en trabajar fuera de Lima. El objetivo es capacitar a los maestros de las entidades públicas. Nosotros no creamos escuelas. Llegamos a ellas y colaboramos en la capacitación de los profesores en temas digitales y a los directores en temas de gestión. Después de ocho años, llegamos a 89 000 maestros de los 220 000 que hay en provincias. Y mediante ellos hemos llegado a más de un millón 800 mil niños. Son cifras grandes y espectaculares, pero en realidad no hacen ni el 10% del universo educativo existente en el país.

¿En algún momento se pensó en promover la educación privada?
No, desde el inicio se pensó en apoyar a la educación pública. Y en esta tarea estamos unidos el Ministerio de Educación, el Gobierno Regional, las municipalidades, los padres de familia y las empresas de la zona. No sólo también creamos un sistema de interrelación entre peruanos.

¿La educación es un tema que debe unir a todos los peruanos?
La educación es tan importante en el país que no se puede dejar este tema solo al Estado o a los privados. Debemos asumirlo juntos. Ese es el mensaje de Empresarios por la Educación. Nosotros no sustituimos a nadie. Estamos colaborando para que el sector público tenga éxito. Y que sepa que puede contar con nosotros. En eso trabajamos.

¿Cuáles son los proyectos para este año?
Ahora se viene el gran salto. Y en esta tarea nos ayuda una empresa del sector minero, que es Southern Perú. Estamos llevando una computadora a cada aula de todos los colegios de Moquegua. Llevaremos interconexión digital, internet y capacitación para los maestros. Sus clases se dictarán con estas herramientas digitales. Es un programa que durará dos años y comprenderá a todas las instituciones educativas. En muchos pueblos no hay conexión de internet, pero ahí está el desafío. Southern se ha comprometido a aportar hasta 108 millones de soles en este programa. Este proyecto se ejecuta en asociación con el Gobierno Regional de Moquegua, y el ejecutor del proyecto es Empresarios por la Educación.

¿Sería un programa piloto que después se replicaría en otras regiones?
El objetivo es que se convierta en un programa piloto. Moquegua tiene el tamaño ideal para hacer un programa piloto. El programa está bastante avanzado y está involucrado el Ministerio de Educación. También participa, aunque parcialmente, el Ministerio de Economía y Finanzas en el tema del mantenimiento a las máquinas. El Gobierno Regional de Moquegua está asumiendo ese mantenimiento con dos millones de soles al año. Lo importante es que el Gobierno Nacional, el gobierno regional, gobierno local y la empresa privada están trabajando juntos por la educación.

¿Estamos en el camino correcto para obtener logros significativos en el mediano y largo plazos?
La educación es un tema de largo plazo. Antes de diez años no veremos un cambio radical. Puede que percibamos alguna mejoría, pero estamos tan bajos en las pruebas PISA, que todo cambio es hacia arriba y no hacia abajo. En estas pruebas no nos medimos con nuestros iguales, sino con los mejores. En la vida hay que buscar siempre quién es el mejor para igualarlo, sobre todo en educación.

¿En las escuelas intervenidas por ExE ya se ven estas mejorías?
Por supuesto. Por ejemplo, en el distrito San José de Los Molinos, en Ica, se pueden percibir estos cambios. Cuando llegamos a ese lugar, la comprensión lectora era del 13%. Después de dos años, el Ministerio de Educación hizo una evaluación y encontró que estábamos en el 92%. Felicitaron al director y lo simpático fue que cuando recibió la noticia, no fue a la UGEL a comunicar y agradecer por el logro, sino a la empresa que había ayudado y apoyado en esta tarea educativa. Así se tiene una buena relación de entendimiento con la población y eso debe primar en el país.

¿Cuál es el grado de coordinación con las entidades del Estado?
Es altísimo. Se trabaja en coordinación con todos los ministros de Educación. También con el Sutep. Al inicio, ellos creían que promoveríamos la privatización de la educación. Al darse cuenta que nuestro interés era capacitar a sus miembros para ascender en la carrera magisterial, cambiaron. Ellos saben que las capacitaciones son herramientas y medios para acceder a un mejor futuro.

¿Y cuál es la relación con los gobiernos regionales?
Le cuento una anécdota. En diciembre del año pasado, en pleno conflicto de Conga, el Ministerio de Educación invitó a todas las regiones a exponer lo que se hacía por la educación. Yo fui a explicar lo que era Empresarios por la Educación. Al terminar mi exposición, tres personas me invitaron a visitar su stand. Era el stand del Gobierno Regional de Cajamarca. Yo soy director de Minera Yanacocha. Supuestamente, éramos los enemigos irreconciliables, pero eso no fue obstáculo para conversar sobre educación. Creo que la educación no tiene banderas. No es de izquierda o de derecha. Carece de ideologías. Se trata de que los niños aprendan para dejar la ignorancia. Esa es la verdadera liberación a la que puede aspirar el ser humano.

Lima, 27 de marzo del 2014

NOTA DEL EDITOR

* Presidente de la Asociación Empresarios por la Educación. Entrevista publicada en la Revista “desde adentro” de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía No. 125, edición enero 2014; págs. 8, 9 y 10.

 

El fallo CIJ de La Haya le dio la razón a Chile: al Perú una compensación marítima

10 febrero 2014

Nos ratificamos: no ganamos en La Haya

César Hildebrandt*

Seguramente la re­unión del 2 más 2 de­jará todo lo sustancial en suspenso, a la es­pera de mejores vientos. En eso consiste la diplomacia al  fin y al cabo: en omitir el veneno de las verdades y en tomar el brebaje opiáceo de las dilaciones. Hasta que el reloj se canse.

Pero, más allá de las omisio­nes protocolarias, lo que quedará para la historia que lean los que vengan es la vergüenza de la pren­sa peruana concertada en Palacio de Gobierno: resulta que ganaron los que siguieron perdiendo, que Tacna está feliz y emocionada, que todos saltamos de alegría porque tenemos dos fronteras (una te­rrestre, una marítima, ¿habrá una aérea?), que el mar ignoto que se nos concedió como zona económica es ya el de la abundancia, que los gradualismos y las bre­vedades son hermanos gemelos, que las costas secas son frecuen­tes, que el triángulo terrestre fue nuestro cuando hasta los guardias peruanos que lo merodean pasan de puntillas para no irritar a los vigilantes fronterizos chilenos, y que la inepta Corte de La Haya es el ejemplo de aquella sabiduría jurídica que empezó con el babi­lonio rey Hammurabi.

Qué asco, señores coleguitas. Qué grima, gordos del alma que arrastran su grisura por razones de Estado y que mienten “por la patria” y que creen que Joselo García Belaunde o Manuel Rodrí­guez Cuadros son los héroes de la jornada, con su Wagner encima y su García-poetastro debajo.

No cuenten con nosotros, seño­res del coro. Y nos ratificamos: La Haya, al consagrar el hito1 como delimitación, le ha creado un pro­blema adicional al Perú. Porque si tierra manda sobre mar, como di­cen algunos de nuestros juristas, entonces las dos fronteras, según La Haya, quedan reducidas a una y el llamado Punto Concordia devie­ne mención nostálgica de un trata­do que el Perú nunca hizo respetar y nunca cumplió a cabalidad.

O sea que, gracias a La Haya, el triángulo terrestre que jamás tuvimos en plenitud soberana esa hora más ajeno que nunca.

Y los idiotas de 1952,1954, 1968 y 1969 son, gracias al fallo de La Haya, más idiotas que nunca por­que admitieron que un trato so­bre la pesca fuera, explícitamen­te, una demarcación de mares que las concesiones sobre enfilamiento de señales confirmaron. Y esas viejas pústulas, que comprome­ten a nuestra diplomacia duran­te tantos años, son las que hoy han reventado y las que pretende ocultar el “patriotismo” gregoria­no del periodismo “delivery”.

Los que han remata­do el Perú al mejor postor, los que nos han dejado sin flota de cabotaje ni línea aérea ni petrole­ra en funciones, ahora dicen que debemos alegrarnos porque tene­mos 50.000 kilómetros de nuevo y remoto mar. Marcha de bande­ras, tambores, paso de vencedo­res. ¿Verdad, Canal N?

Que se lo pregunten a los pesca­dores de Tacna y a la pobre mujer que han usado para un spot pro­pagandístico.

Esta atmósfera de mendacidad orquestada es heredera de nues­tra historia, hija de las taras que nos impidieron ser un país en for­ma y tener una clase dominante ilustrada y creadora. Mentir en conjunto no rebaja la mentira. Y es mentira descomunal decir que el fallo de La Haya favoreció am­pliamente al Perú.

Que Humala, García y Toledo se presten a esta conspiración del chauvinismo de pacotilla, no es extraño. La mentira es para ellos un insumo retórico. Pero que la prensa no cumpla con el deber elemental de poner las cosas en su sitio y decir algo que se parezca a la verdad, es algo que, aun para los parámetros laxos del Perú, re­sulta sorprendente. Enredarse en el laberinto de Torre Tagle -curioso que nuestra diplomacia se apellide con el nombre de un traidor fundacional que quiso pactar con el poder colonial- puede ser obli­gación de funcionarios resignados pero no debiera ser parte de la agenda de los informadores.

El triángulo terrestre no tiene mayor importancia. La tiene la mentira de decir, tensando la lógi­ca hasta romperla, que el fallo de La Haya nada tiene que ver con el tema. Y es mayor mentira decir todavía que el Tratado de 1929 re­solvió todo lo pendiente cuando el Perú poco hizo para su cabal cum­plimiento. Eso es así al punto que el hoy sacro “triángulo terrestre” está, de facto, en manos de nadie y pertenece a una jurisdicción fantasmal. ¿Qué imperio ejerce el Perú sobre esas 3.7 hectáreas?!Ninguno!

Durante años esta revista, en honrosa soledad, ha recordado la historia de la guerra del salitre. Hemos publicado decenas de ar­tículos al respecto y hasta hemos reproducido, por capítulos, libros que describieron ese episodio tan horrendo como deshonroso. Nuestro propósito no era estro­pear el futuro de dos países inexo­rablemente próximos y, por lo tanto, condenados al concierto y la cooperación. Nuestro objetivo era reconstruir nuestras miserias y subrayar el deber de no repetir­las. También era nuestro propó­sito recordar el ensañamiento de los vencedores de esa guerra y las motivaciones ancestrales de sus afanes de conquista y los orígenes de su furia.

Queríamos, en suma, que todos aprendiéramos del pasado  para refundar una relación vecinal basada en la igualdad.

Por lo visto, la tarea si­gue en pie. Chile pre­tende, altaneramen­te, poner obstáculos al cumplimiento de una sentencia que en casi todo lo favorece. Parece seguir siendo, inercialmente, el viejo Chi­le portaliano que tanto nos temió y odió. Y el Perú, mintiéndole a su gente, parece ser el zombi deci­monónico cuyos partes de batalla llamaban resistencia a las fugas y derrotas insignificantes a las pér­didas de alturas estratégicas.

NOTA DEL EDITOR

* Periodista. Artículo publicado en «Hildebrandt en sus trece» el 7 Febrero 2014. Consulta  10/02/2014.

http://www.hildebrandtensustrece.com/ 

La Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya: Serenidad y Prudencia

28 enero 2014

LA HAYA: CÓMO GANAR PERDIENDO
Julio A. Mendoza García*

Como era mi responsabilidad ciudadana y de educador, quedé “atrapado”, como muchos, por la lectura de la sentencia de La Corte de la Haya.

Era un tema de soberanía nacional. Esa era la contradicción que caracterizó el proceso en La Corte de la Haya. Así lo debimos tomar los peruanos, así lo tomó Chile por su lado.

Sin embargo, para El Comercio, la CONFIEP y el gobierno de Ollanta la cuestión era dar vuelta a la página rápidamente porque hay muchos negocios con Chile. Negocios que están por encima de las razones geopolíticas, de soberanía, patriotismo y el bienestar del pueblo y los pescadores tacneños. Lo que, por supuesto, les es totalmente ajeno a aquellos.

No estaba establecido el límite marítimo, eso dice la Corte de La Haya en su sentencia. Sin embargo, dice La Corte misma, que había una frontera marítima tácita, hasta las 80 millas. Que esa frontera tácita estaba establecida, por las resoluciones o tratados de 1952, 1954, 1959 y las prácticas posteriores.

Y esas prácticas han sido que pese a que el Perú reivindicaba derechos marinos sobre las zonas señaladas, nunca reclamó ni hizo cuestión de estado cuando la marina de Chile, ejerciendo soberanía de facto, a diferencia nuestra, capturaba nuestros barcos pesqueros, principalmente de pescadores artesanales (el pueblo del mar). Hoy mismo hay pescadores peruanos retenidos en Arica, por quienes el gobierno nada hace absolutamente, como nunca hizo Alan García “el embanderado”, quien tenía pánico “que los chilenos se molesten”, como aprendió de las clases dominantes del Perú. Las prácticas han sido pues la expresa renuncia, en los hechos, a nuestra soberanía marítima durante todos estos tiempos.

Desde la guerra con Chile, cuando nuestras clases dominantes aceptaron desesperados la derrota y se sometieron a la soldadesca invasora. Desde cuando posteriormente condenaban a los patriotas que promovían y practicaban la resistencia como Andrés Avelino Cáceres, siempre han actuado en sometimiento a las clases dominantes chilenas. Hasta reivindican al traidor Iglesias quien firmó el humillante Tratado de Ancón. Hasta ahora, como La Corte ha puesto el dedo en la llaga, también “negligieron” o se sometieron a las permanentes agresiones de Chile. Por eso inventaron las “cuerdas separadas”, como expresión de felonía contra nuestra patria, donde lo más importante son los negocios con la granburguesía chilena antes que el espíritu patriota que defienda nuestra soberanía y la independencia económica de Tacna y el Perú. Por eso mismo, históricamente, perdimos Arica y Tarapacá. Hay pues una línea de continuidad.

Entonces ha habido una frontera marítima tácita, aceptada, incluyendo el hito 1 como referencia, por las clases dominantes del Perú y sus gobiernos. No podemos olvidar esas traiciones. Si exigíamos que se respetase la bisectriz del ángulo formado por las costas peruanas y chilenas era porque es justo. Y cómo, si nos han negado lo principal de nuestro derecho planteado, ¿hemos ganado? Más aún, cuando está claro que la zona pesquera más rica ha quedado del lado de Chile.

Nada teníamos, dicen los políticos pusilánimes, de esos que cocinaron y mantuvieron la frontera marítima tácita señalada por La Corte. “Nos hemos ganado alguito” dicen para calmar lo poco de conciencia que les queda. Ollanta mismo dice que “hay territorio que se incorpora al Perú”. Es decir ¿no era territorio nuestro?

Por cierto, no hacemos una vindicación chovinista o revanchista. Los pueblos chilenos y peruanos tenemos cuentas pendientes con nuestras clases dominantes. Tenemos hermandad latinoamericana. Pero en la derrota que hemos conocido en La Haya, debemos señalar el por qué no se nos dio la razón. Porque los convenios pesqueros que hablaban de fronteras marítimas fueron firmados por gobiernos entreguistas y no fueron denunciados por los que les sucedieron, porque ante las agresiones marítimas que incluían el arresto de pescadores peruanos por Chile, nunca hubo reclamos peruanos (La Corte lo dice). Porque ahora Tacna mantiene “mar seco”, contra lo que precisamente fuimos a la Haya considerándolo injusto.

Debemos reconocer el papel de algunos diplomáticos patriotas como el Embajador Bákula que nunca renunciaron a la defensa de nuestras fronteras. También ha habido militares como Grau, Bolognesi, Cáceres o recientemente Velasco que dieron clases de patriotismo. Las clases dominantes, la granburguesía intermediaria y financiera, hermanas de las chilenas y los políticos a su servicio, querrán que nos traguemos que “nos ganamos alguito”, cuando la derrota es ostensible. Y las únicas responsables son ellas.

Hay diferencias. Ya ganamos dicen, nada teníamos comentan, los representantes peruanos. En cambio, Chile, mediante su Presidente dice que lamenta que se haya recortado su mar territorial en la extensión de las 200 millas. Dos actitudes que siempre han marcado una diferencia entre nuestras clases dominantes que nunca han sido dirigentes y las clases dominantes chilenas que además sí han sido dirigentes, sin dejar de ser dominantes.

Así, la parte más dinámica del mar, económicamente hablando, la que nos correspondía, la que reclamábamos, queda con Chile. Tacna se queda con mar seco. Hemos perdido pero mañana El Comercio, el gobierno, los partidos y medios del neoliberalismo, dirán “hemos ganado con la sentencia”. Así, sólo en el Perú, podemos terminar ganando cuando, en realidad, hemos perdido. “Nos sentimos complacidos por los resultados obtenidos” dice Ollanta, más patético no pudo ser.

Queda, lamentablemente, sólo acatar lo dispuesto por La Corte, aun cuando es una derrota para nuestro país. Es el derecho internacional. Derrota que cargarán, sin conciencia, las clases dominantes. Este es un motivo más para reflexionar sobre por qué es necesaria la lucha por un nuevo curso en la historia de nuestro país, empezando por la derrota del neoliberalismo.

* Educador. Artículo publicado en «Foro Red Paulo Freire-Perú» el 28/01/2014. Consulta 28/01/2014.

http://es.groups.yahoo.com/group/peruforopaulofreire/message/30750

Demanda peruana ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya: episodios y personajes

24 enero 2014

El camino a La Haya: Hace 28 años Perú hizo primer reclamo

En la gestación de la demanda peruana contra Chile en la Corte de La Haya hay episodios poco conocidos y personajes olvidados.

Es sabido que el 23 de mayo de 1986, el canciller chileno Jaime del Valle recibió en su despacho al embajador peruano Juan Miguel Bákula a pedido de Allan Wagner, entonces ministro de Relaciones Exteriores del Perú en el primer gobierno de Alan García.

Durante 40 minutos, Bákula expuso con elocuencia que Perú y Chile no tenían fijada una frontera marítima.

Era la primera vez que Perú formulaba ante el gobierno de Chile, “por los canales diplomáticos”, el reclamo por la falta de una delimitación marítima.

El canciller chileno, sin duda algo aturdido por la novedad de un tema que su país consideraba irrelevante, le pidió a Bákula que le presente un texto escrito de lo expuesto.

LA NOTA 5-4-M/147. Bákula retornó a la embajada peruana en Santiago, a cargo del embajador Luis Marchand Stens, escribió un memorándum y en menos de cinco horas entregó en la Cancillería chilena la famosa Nota 5-4-M/147, con sello y firma del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

Al respecto, el analista y estudioso chileno José Rodríguez Elizondo considera que este “tácticamente fue el minuto fatal” para la diplomacia chilena, y el inicio formal de un largo camino que se concretó el 16 de enero del 2008.

Pero en junio de 1985, el electo presidente Alan García ya había decidido dar fin a los temas pendientes del Tratado de 1929.

El excanciller Luis Gonzales Posada refirió a este diario que García tenía cierta cercanía con el dictador chileno Augusto Pinochet y envió a Santiago a Hugo Otero, un hombre de su confianza. Según Gonzales Posada, Otero logró ser recibido por Pinochet, a quien expuso la necesidad de trazar una frontera marítima definitiva entre ambos países.

El dictador, tras escucharlo, le dijo que conversará al respecto con el canciller Jaime del Valle.

Este lo atendió, pero en definitiva la misión de Otero no logró nada relevante debido a lo hosquedad de Del Valle. Al año siguiente, por fortuna, Bákula tuvo un mejor resultado.

A PEDIR DE BOCA. Para beneplácito de la diplomacia peruana, la Cancillería chilena emitió un comunicado de dos puntos dirigido al gobierno peruano en relación con las gestiones de Juan Miguel Bákula.

Esto ocurrió el 19 de junio de 1986. Allí se reconocía la visita del enviado peruano Juan Miguel Bákula, en relación con los asuntos referidos a la Comisión Permanente del Pacífico Sur y la Organización Latinoamericana de Pesca.

Pero admitía, también, que el enviado peruano “dio a conocer el interés del gobierno peruano para iniciar en el futuro conversaciones entre ambos países, acerca de sus puntos de vista referentes a la delimitación marítima”.

Aunque, cabe precisar que nueve años antes de la importante misión Bákula, en 1977, el almirante en retiro Guillermo Faura Gaig esbozó la actual tesis peruana sobre la necesidad de que se establezcan los nunca firmados límites marítimos con el vecino del sur.

LOS DOS TRIÁNGULOS. Además de soberanía, ambos países disputan la propiedad del recurso pesquero en un triángulo marino de 95,511.26 kilómetros cuadrados, que se extienden frente a las costas de Tacna (Perú) y Arica (Chile).

El triángulo se divide en dos partes contiguas. La primera, de 67,139.4 kilómetros cuadrados,es considerada por el Perú como parte de su mar territorial de 200 millas. La segunda, llamada triángulo externo, de 28,471.86 kilómetros cuadrados, se encuentra también dentro de las 200 millas peruanas.

En un ámbito lejano a la diplomacia, entre los pioneros de la tesis peruana ante La Haya emerge la borrosa figura del vicealmirante de la Marina de Guerra Guillermo Faura Gaig, miembro de la dictadura militar de Juan Velasco Alvarado.

Faura fue un personaje controvertido y duramente enfrentado con la alta oficialidad de la Marina por ser casi el único jefe naval que respaldó a Velasco.

Su nombramiento como ministro de Marina exacerbó las pugnas internas en la institución.

El 3 de enero de 1975, una bomba derribó parte de la fachada de la casa del flamante ministro en San Isidro. Velasco lo sacó del cargo. En agosto de 1975, Morales Bermúdez destituyó a Velasco.

TESIS FAURA. En 1977 Faura publicó su libro “El Perú y sus límites”. Planteó que los tratados vigentes con Chile no calificaban como “tratado específico” de límites y que “emplear como límite el paralelo del punto en que llega al mar la frontera terrestre es totalmente desfavorable al Perú”.

Ante ello, propuso negociar un tratado específico que estableciera como frontera “una línea media trazada de acuerdo al principio de la equidistancia de las costas” (bisectriz).También propuso recurrir al arbitraje.

El historiador chileno José Rodríguez Elizondo sostiene que “más de 30 años después, la única diferencia significativa entre las tesis de Faura y lo que está sucediendo, es que no hubo negociación ni arbitraje, sino un procedimiento judicial” ante La Haya.

Según algunos diplomáticos, la figura y el aporte del marino Faura ha sido minimizada por Torre Tagle y la clase política.

“Las razones por la cuales a Faura hasta ahora lo han querido silenciar son políticas. Hay un prejuicio”, según dijo un exembajador.

NOTA DEL EDITOR
* Artículo publicado en el diario Correo el 23 Enero 2014. Consulta el 24/01/2014.

http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/8173229/edicion+lima/el-camino-a-la-haya-hace-28-anos-peru-hizo

Corte Internacional de Justicia de La Haya: Derecho Internacional y CONVEMAR

23 enero 2014

SALUDOS  AL  GRUPO  BASADRE

Hugo Ramírez Canaval*

 

Hemos visto con satisfacción un encarte del Grupo Basadre,  en el que nos presentan un recuento de sus actividades que por años estuvieron  dedicadas a la defensa de los sagrados intereses nacionales. No me cabe la menor duda de que con esa publicación quieren –con toda justicia-  hacer olvidar la mala impresión que dejó en la ciudadanía,  la ofensa a la memoria de nuestra gloria nacional por interés personal de algunos, con dos millonarios avisos en los que  -a media página en uno (el 7 de Set. 2012) y otro a página completa (3 Oct. 2012)-  en varios diarios,  los “amigos de Chile”  presionaban imperativamente con: “El Perú debe firmar”  la Convención del Mar,  en el primero;  mientras que en el segundo  -a toda página-  desenterraron las mentiras con las que desde hace 15 años, tratan -sin éxito-  de sorprender a la ciudadanía que no conoce nada del Nuevo Derecho del Mar porque ellos  -esos ”amigos de Chile”-  impidieron su difusión… ¡Pero algunos que sí lo hemos leído, estamos atentos…!

Lo raro es que esta campaña se desencadenó en los mismos días que el  Agente y  todo su equipo venidos de La Haya, hacían sus visitas para presionar en los más altos niveles, buscando que el Perú adhiera antes de la fase oral  programada para Diciembre,  a  fin de que Chile gane antes del fallo  y… ¡Ellos…su  puestecito!.

Voy a lucubrar: El ataque desde dos frentes era perfecto,  por eso es que la activa “quinta columna” les pagó semejantes avisos. Si tenían  el éxito que esperaban, los vecinos del sur  -además de ganar la demanda-  se evitaban que el pueblo chileno se entere  -como recién se están enterando en estos meses-  de tantas mentiras que les estuvieron contando desde que el Perú decidió en 1986,  exigir a los cancilleres chilenos para conversar sobre la necesidad de realizar una delimitación marítima de acuerdo a  las normas del Derecho Internacional…

Saludamos a los peruanos del “Grupo Basadre”  que a lo largo del año 2013 han recuperado el control de esta patriótica organización y le han devuelto la razón de ser de su creación con  manifestaciones acordes y sin interesados auspicios millonarios…   Ojalá  sepan mantener el debido respeto para no volver a mezclar el buen nombre de nuestra gloria nacional con mentiras como las aparecidas en los dos avisos… Una de esas  -en el primero- dice en subrayado: “Es indispensable tener presente que la Convención del Mar reconoce la soberanía y  jurisdicción marítima que el Perú  y  Chile proclamaron originalmente…hasta las  200 millas  para los fines de exploración y explotación de los recursos naturales del mar adyacente a sus  costas”.

Eso es falso…¡Qué poca  vergüenza…!. En la CONVEMAR  no hay ningún reconocimiento de la soberanía… Mientras que ahora somos soberanos en  las 200 millas de mar, fondo y subsuelos incluidos los aires, y el Derecho Internacional –anterior y superior a la CONVEMAR- así lo reconoce; en cambio, ese arreglo de las potencias interesadas que constituye el Nuevo Derecho del Mar, dice que los mares se consideran como un todo, y sus riquezas son  “patrimonio común de la humanidad”. Nadie es dueño de nada (Art. 137)… No  le dan soberanía ni siquiera al mar territorial de 12  millas. En efecto, el Art. 2.3 de la Convención dice: “La soberanía sobre el mar territorial se ejerce con arreglo a esta Convención…”. Según el Art. 55,  en la Zona Económica Exclusiva de 188 millas, “los derechos y la jurisdicción del Estado ribereño… se rigen por las disposiciones pertinentes de esta Convención”.  En el  Art. 62.4 se dice que el Estado ribereño tendrá que adecuar sus leyes y reglamentos, para estar en consonancia con la Convención… ¡Así de claro…!

En el segundo aviso a página entera, dicen muchas más mentiras… Llegando algunas al extremo de parecer alegatos de abogados chilenos en La Haya… Estimado lector, sin buscar mucho le presento la del numeral  (1)  que dice: “El Perú nunca tuvo ni tiene un mar territorial de 200 millas. Lo que sí tenemos es una zona marítima de 200 millas, como consagra el art. 54 de la Constitución.”.  Yo digo que esta afirmación es una ofensa a los peruanos…¡No respetan ni siquiera nuestra Constitución!, la que en su art. 54 no se refiere a  “zona marítima”, dice lo adecuado: “En  su dominio marítimo el Estado ejerce soberanía y jurisdicción…” términos estos que para los estudiosos como el español Cabanellas, son  sinónimo de “mar  territorial”.

En el numeral (6) increíblemente dicen: “Existen hoy 163 países que la han aceptado (la Convención)…Ninguno de estos acepta la idea de un mar territorial de 200 millas…una ficción totalmente irreal  y  por eso no la reconoce el Derecho Internacional  ni la Convención del Mar.”. Digo: Este es otro argumento de abogados chilenos… Lo que pasa es  que quienes dicen esta barbaridad, “no se han enterado” que en 1954 –cuando la Marina tenía sus presupuestos- capturamos la flota de pesqueros de Onassis que vinieron a desafiar la soberanía del  mar peruano y les hicimos pagar una multa bajo las reglas del Derecho Internacional; igual pasó con muchos atuneros del Tío Sam, y hace poco con los pesqueros chinos y coreanos…¡Por el Derecho Internacional hemos llegado a La Haya…y por el Derecho Internacional vamos a ganar en La Haya…! ¡A pesar de los “amigos de Chile”! 

 

NOTA DEL EDITOR

* Contralmirante MGP. 

Conectividad del puerto del Callao: transporte intermodal

1 enero 2014

EL LEJANO CALLAO*

El Estado debe poner de su parte para desbloquear el puerto del Callao

Con el puerto del Callao, por el que pasa, ni más ni menos, el 85% de nuestras exportaciones, se viene dando una gran paradoja: es cada vez más moderno y eficiente, pero queda cada día más lejos.

En efecto, por un lado, el Callao ha pasado de atender sus barcos en un tiempo promedio de 4 días a otro de 12 horas. Y estamos hablando, ahora que tiene “grúas súper post panamax”, de barcos de hasta 337 metros de eslora.

Por el otro lado, sin embargo, llegar al puerto demora cada día más: de hecho, se ha calculado que el tiempo de viaje urbano de los 4.100 camiones que diariamente entran al terminal por alguna de las tres angostas vías limeñas que conducen a él puede llegar hasta a las 10 horas. Horas a las que, desde luego, hay que sumarles el tiempo que aquellos de esos camiones que vienen desde diferentes regiones del Perú han gastado en nuestras igualmente escasas y colapsadas carreteras de conexión con la capital (esencialmente la Panamericana y la Carretera Central).

Tenemos, pues, que el Callao es un órgano que se ha ido haciendo cada vez más grande y potente, acompañando al crecimiento vigoroso que ha tenido la economía peruana, pero que sigue siendo regado por las mismas pequeñas y saturadas arterias de las épocas en las que por el puerto pasaban anualmente menos de 100.000 contenedores, en lugar de los 1,8 millones que pasan hoy.

Naturalmente, pasado un punto, se vuelve irrelevante cuánto más pueda mejorar el puerto, mientras solo pueda llegar a él lo que permitan estas mini arterias. Y este es un punto que ya parecemos estar alcanzando: ÁDEX calcula el valor de los costos logísticos de la mercadería que sale del Callao en un tercio de su valor total. Algo que, naturalmente, resta muchísima competitividad a nuestros productos en el extranjero.

Lo más indignante, desde luego, es que todo este diario desperdicio de riqueza en una economía que está desacelerándose era y es perfectamente evitable. De hecho, no es mucho lo que el Estado tendría que hacer para evitarlo, más allá de dejar de obstruir. Es decir, los proyectos y las ganas para realizarlos están ahí. Las normas o los permisos para hacerlos viables (según los casos) no.

Por ejemplo, un tema que el sector privado viene solicitando repetidamente hace ya más de un año es el de la desactivación de las normas proteccionistas que hoy restringen las posibilidades de invertir en cabotaje –una opción que no solo descongestionaría la Panamericana Sur y el acceso terrestre al puerto, sino que reduciría los costos de transporte para las mercancías en cuestión–.

Otra propuesta ha venido de uno de los concesionarios del puerto: que un número de empresas usuarias del terminal construya, mediante obras por impuestos, un viaducto elevado en la Av. Manco Cápac para los automóviles, dejando libre la vía de nivel para los camiones, como ocurre en muchos puertos importantes del mundo. Pero eso requiere que el ministerio se interese en promover la iniciativa a fin de que se compatibilice y se concrete…

La empresa concesionaria del ferrocarril central, por su parte, ha planteado que se le permita extender su infraestructura ferroviaria hasta el interior del Muelle Norte, con el fin de contribuir a resolver la referida congestión de camiones. Además, propone que los camiones que vienen del norte, sur y centro del país no lleguen al Callao sino a tres antepuertos situados al norte, sur y este de Lima, conectados por ferrocarril con el Callao. Pero no hay respuesta alguna ante estas iniciativas.

En la misma línea, APM Terminals ha propuesto que se le concesione la instalación de un puerto seco cerca de la avenida Gambetta, y está solicitando que le permitan construir un depósito temporal solo para graneles en su propio terreno, lo que requiere que Ositrán fije las tarifas.

Y eso, para hablar solo de proyectos que le quitarían carga solo a los accesos al Callao, y no de los que se la quitarían al puerto en sí, como retomar las mil veces retrasadas concesiones de otros puertos.

La inversión y las ideas, en fin, están ahí, pujando por fluir, pero el Estado también está ahí, funcionando como tapón en lo que es un rol cómodo, sin duda, pero enormemente costoso para el país, y, por lo demás, muy poco inspirador.

 

NOTA DEL EDITOR

* Editorial del diario El Comercio de Lima de fecha 26 diciembre 2013. Consulta 31/12/2013.

http://elcomercio.pe/actualidad/1678245/noticia-editorial-lejano-callao

 

Corrupción en el sistema de justicia: red de prevaricación y cohecho

11 diciembre 2013

Jueces y corrupción en el Perú. Una mirada histórica
Luis Pásara*

La recientemente publicada Historia de la corrupción en el Perú, de Alfonso W. Quiroz (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, Instituto de Defensa Legal, 2013), ofrece una mirada nueva a hechos y personajes clave del país, a lo largo de varios siglos. Muchos son los temas y ángulos explorados por el historiador económico que fue Quiroz, sobre la base de un extenso uso de fuentes diplomáticas poco o nada trabajadas hasta ahora. Ésas y otras fuentes le permiten ir a los hechos de la corrupción, en vez de contentarse con medir su percepción, como se estila con frecuencia, produciendo con simplicidad resultados que en rigor son equívocos.

Entre los temas que surgen del análisis sobresale el de jueces y justicia. Su origen, como el de tantos otros de nuestros rasgos, lo sitúa el autor en el sistema colonial, en el que “la corrupción tuvo un rol central” (p. 126). Acaso la semilla se sembró en 1687 con la venta del cargo de oidor de la Audiencia, mecanismo para proveer cargos públicos que se había iniciado en el virreinato peruano en 1633 (p. 70). Cuando la práctica de venta de cargos fue abolida, en 1812 (p. 72), era tarde: la venalidad en el acceso al cargo se había contagiado, como era previsible, a su ejercicio. En 1809 un informante a las autoridades metropolitanas reportaba desde Lima que “los jueces, oficiales de hacienda y miembros del cabildo se beneficiaban personalmente de sus cargos por medio de injusticias y daños al común debido al cohecho, vicio y otras granjerías” (p. 120).

Durante la colonia, “Varios virreyes participaron del cohecho al recibir sobornos abierta o encubiertamente por […] decidir e imponer sentencias judiciales sesgadas” (p. 72). En 1747, Machado de Chaves atribuyó la decadencia del Perú “al envejecimiento y deterioro de las instituciones coloniales”, incluida la justicia, sobre la que escribió: “mutuados a un dictamen virreyes y oidores, es lo mismo que unirse los lobos y los canes a devorar un rebaño porque el principal pastor se halla lejos” (p. 75). En ese escenario se inauguró –ya entonces– la práctica de poner precio a los indultos: “los virreyes concedían indultos el día de su santo o de su cumpleaños, a una tasa acostumbrada de hasta cuatro mil pesos.” (p. 76)

Los “juicios de residencia”, que esperaban a los altos funcionarios coloniales al terminar el desempeño de su cargo, no contuvieron el mal. Según los acreditados testigos de la época Jorge Juan y Antonio Ulloa, a quienes glosa Quiroz, “al finalizar su mandato, los corregidores y otras autoridades locales, incluidos los virreyes, simplemente sobornaban al juez encargado de la tradicional averiguación oficial, para evitar el castigo efectivo” (p. 68). Desde luego, el trámite era fácilmente absuelto: “Los jueces designados oficialmente favorecían al funcionario investigado o formaban parte del mismo círculo de patronazgo e intereses. La mayoría de las veces, los residenciados eran absueltos o reprendidos levemente por los jueces de residencia mediante tecnicismos procesales, la prescripción o el rechazo arbitrario de las evidencias” (p. 69). Tales prácticas, como sabemos, gozan de flagrante actualidad.

La joven república hizo lugar preferente a la herencia colonial: “Las conexiones establecidas entre los caudillos militares, la administración estatal y los compinches privados definieron los círculos de patronazgo después de la independencia.” (p. 145). En ese marco, “tanto el ejecutivo como las autoridades legislativas y judiciales subordinadas favorecían el incremento de los abusos” (p. 157). Durante los gobiernos de Agustín Gamarra (1829-1833 y 1839-1841), “las instituciones judiciales, las garantes en última instancia de los negocios y contratos justos, tampoco eran de confiar: ‘Ciertamente, en ningún país de la cristiandad está la pureza judicial menos por encima de toda sospecha como en el Perú, y en ninguno puede tenerse menos confianza en la integridad de los magistrados’”, anotó un observador extranjero (p. 166). En concordancia, cuando en 1857 el cónsul general de Inglaterra en el Perú fue asesinado en su casa, otro diplomático inglés advirtió: “Los asesinos tal vez nunca sean descubiertos, puesto que gracias a la negligencia de la policía y la mala administración de la ley en el Perú, los más atroces criminales a menudo escapan a la justicia.” (p. 185).

A mediados del siglo XIX, a punto de iniciase la llamada era del guano, que hizo posible un boom fiscal de base endeble y corta duración, “Las redes de corrupción enlazaban a ministros, parlamentarios, jueces y hombres de negocios, así como a ciertos abogados que actuaban como intermediarios claves.” (p. 195). Pero la judicatura ya tenía asignado un papel menor; por ejemplo, con ocasión del crucial litigio en torno al contrato Dreyfus, que adjudicó en exclusividad la comercialización del fertilizante a un empresario francés, “El Ejecutivo redobló su campaña en defensa del contrato y simplemente desautorizó al poder judicial, colocando la decisión final en manos del legislativo”, donde, sobornos mediante, el contrato fue aprobado (p. 210). No obstante, el poder judicial no era inmune a tales incentivos: “El encargado de negocios francés [en 1869] apuntaba a que los jueces de la Corte Suprema sucumbieron a los sobornos de Dreyfus o los de sus contrincantes” (p. 211, nota 48). Dos años después, en 1871, fue motivo de escándalo la adquisición de barcos de guerra estadounidenses, que había sido “supervisada por el juez Mariano Álvarez (a quien se acusó de haberse beneficiado personalmente con la transacción)” (pp. 219-220). Para el periodo que va entre 1860 y 1883, Quiroz concluye: “Parlamentarios y jueces, juntamente con las autoridades del ejecutivo, participaron de modo más amplio en el tráfico de influencias y corruptela” (p. 238).

Luego de la derrota peruana en la Guerra del Pacífico (1879-1883), se erigió la voz de Manuel González Prada contra la corrupción. Su dedo acusador también recayó sobre la judicatura: “¿Qué era el Poder Judicial? Almoneda pública, desde la Corte Suprema hasta el Juzgado de Paz” (p. 242). El país intentaba reorganizarse y, para ello, atraer capitales extranjeros pero “ciertos empresarios británicos se quejaron de que ‘la administración de justicia […] ha pasado a ser indigna de dicho nombre’”, según relato de la época (p. 247).

Esta ‘normalidad’ en la justicia transcurrió sin mayores alteraciones hasta llegar, entrado el siglo XX, al gobierno de Augusto B. Leguía (1919-1930), cuando “las drásticas medidas punitivas dictadas por [el ministro de Gobierno] Leguía y Martínez causaron conflictos entre el poder ejecutivo y el poder judicial” (p. 297). La mención de Quiroz es corta e insuficiente porque el episodio fue el único de la historia nacional en el que la Corte Suprema, ejerciendo su facultad de control de constitucionalidad, en 1920 observó por escrito determinadas normas represivas adoptadas por el gobierno. El conflicto desembocó posteriormente en la destitución de los miembros de la Corte, por el gobierno, en razón de que el máximo tribunal mantuvo sus posiciones en defensa de la legalidad. Lección de dignidad y valor, destinada a no tener muchos discípulos en la historia de la judicatura.

Quiroz observa que los argumentos de la defensa de los procesados en estos casos “son muy parecidos a los que usaron virreyes y funcionarios coloniales cuando enfrentaron a sus supuestos ‘enemigos’ y acusadores partidarios en los denominados juicios de residencia.” (p. 439).

A la caída de Leguía, el gobierno de Sánchez Cerro echó mano en 1930 a la creación del Tribunal de Sanción Nacional, a partir de la estimación de que el Poder Judicial no era el lugar donde los latrocinios del oncenio leguiísta podían ser sancionados. Esta instancia, cuyo estatuto jurídico era cuestionable, recibió 664 acusaciones formales y procesó sólo 11% de ellas; 75 acusaciones fueron, pues, llevadas a juicio pero, de ellas, no llegaron a diez las que concluyeron con sentencias condenatorias (p. 306-307). Según rumores de fuentes diplomáticas que Quiroz recoge, “partidarios leguiístas de alto rango […] aparentemente tuvieron que pagar sobornos para ser exonerados o evitar ser encarcelados” (p. 317). Los sobornos también resultaron de utilidad a algunos de los militantes del APRA condenados por una corte marcial en 1932, luego del levantamiento armado en Trujillo, para evitar la ejecución que les había sido dictada (p. 321).

En las décadas siguientes a la destitución de los miembros de la Corte Suprema por Leguía, el Poder Judicial adquiere un perfil más bajo en el recuento de la corrupción al que está dedicado el libro. El historiador Jorge Basadre, que fue ministro de Educación entre 1945 y 1947, denunció judicialmente “una trama para defraudar al Estado” en la compra de pupitres escolares y encontró “un tribunal indiferente” (p. 345). Llegado el gobierno del general Manuel Odría (1948-1956), las denuncias de escandalosos negociados “no tuvieron como resultado sanciones judiciales” (p. 369). En los años posteriores, irregularidades de todo tipo se suceden, delitos evidentes se repiten una y otra vez, gobierno tras gobierno, sin encontrar condena en los tribunales. Esta constante acompaña al primer gobierno de Fernando Belaunde (1963-1968), en el que se multiplican las denuncias periodísticas y parlamentarias sobre sobornos, tráfico de influencias y una modalidad delictiva que alcanzó gran importancia: el contrabando. Por este delito finalmente fueron condenados algunos personajes públicos de primer nivel: el vicealmirante Texeira y el parlamentario Napoleón Martínez (p. 393).

“Desde mediados de la década de 1970 y particularmente en la de 1980, los problemas del narcotráfico, asociados fundamente con la creciente producción y el contrabando de cocaína, corroyeron seriamente el cumplimiento de la ley y las instituciones judiciales.” (p. 441). En la década de los años ochenta, iniciada con el segundo gobierno de Belaunde, cobró singular relieve el narcotráfico y apareció la subversión. En 1980 en el caso de un importante narcotraficante, Guillermo Cárdenas, apodado “Mosca Loca”, cinco jueces de la Corte Suprema “encontraron que las evidencias no bastaban para condenar al narcotraficante y ordenaron su inmediata liberación”. Aunque en definitiva “Mosca Loca” fue condenado a 20 años de prisión, el caso fue ilustrativo de un problema mayor. “Los escandalosos casos de ineficiencia judicial, el descarrío de la justicia y el soborno de los magistrados contribuyeron a la caída precipitada del prestigio de la judicatura. […] la percepción de que los jueces estaban parcializados o sobornados por terroristas y narcotraficantes detenidos exacerbaron el cinismo con respecto al poder judicial” (p. 421). El escándalo del contrato con la empresa española Guvarte, en el que estuvo involucrado el ministro de Justicia Elías Laroza, resultó judicialmente inconducente cuando “Elías adquirió inmunidad parlamentaria tras ser elegido diputado en 1985.” (p. 422). Otros casos igualmente llamativos no dieron lugar a procesamientos exitosos.

Durante el primer gobierno de Alan García (1980-1985), “El sistema de justicia mantuvo una decadencia que parecía imparable. […] Muchos narcotraficantes operaban con virtual impunidad sobornando a los jueces, en tanto que los magistrados de Lima y provincias temían condenar a terroristas por miedo a sufrir represalias.” (p. 428). El propio García se benefició de esta confluencia de incompetencia y falta de moralidad en el aparato de justicia. Cuando en 1991 el congreso decidió suspender la inmunidad del ex presidente “y procesarle por enriquecimiento ilícito”, la Corte Suprema “rápidamente desestimó el caso por falta de evidencias e imprecisión de los cargos criminales” (p. 436). En 1995 se abrió un nuevo caso contra García: “conspiración para defraudar (colusión ilegal), tráfico de influencias (negociación incompatible), recepción de sobornos (cohecho pasivo) y enriquecimiento ilícito.” (p. 437). El caso fue declarado prescrito y, gracias a esta declaración judicial, Alan García pudo volver a postular a la presidencia de la República y ser elegido para un segundo periodo. Quiroz observa que los argumentos de la defensa de los procesados en estos casos “son muy parecidos a los que usaron virreyes y funcionarios coloniales cuando enfrentaron a sus supuestos ‘enemigos’ y acusadores partidarios en los denominados juicios de residencia.” (p. 439).

A fines de los años ochenta ya había aparecido Vladimiro Montesinos como un exitoso defensor en el terreno judicial. En 1988 obtuvo la absolución de sus defendidos en el caso del narcotraficante Reynaldo Rodríguez López, “el Padrino”. Su prestigio aumentó cuando logró la exoneración de su cliente, el general José Valdivia, en el caso judicial por la masacre de campesinos de Cayara en 1988 (pp. 450-451). Al llegar al gobierno en 1990, de la mano de Alberto Fujimori, “Montesinos diseñó un sistema integrado por jueces, fiscales, funcionarios de cárceles y oficiales de policía.” Con esa red “manipuló el aparato judicial para castigar e intimidar a los medios [de comunicación] independientes” (pp. 454-455). Producido el autogolpe de 1992 y luego de la purga judicial dispuesta por la dictadura, “Para liderar este sistema judicial abierto a la prevaricación y [el] cohecho, el juez Luis Serpa Segura fue nombrado presidente de la Corte Suprema, y la magistrada Blanca Nélida Colán fue designada fiscal de la Nación.” En las condiciones políticas creadas por el golpe de Estado, el “embajador Anthony Quainton” consideró “que el ataque de Fujimori al poder judicial era una buena oportunidad para influir en materia de reformas favorables a los intereses de Estados Unidos.” El embajador estadounidense no vaciló en reportar a Washington: “Perú está dirigiéndose en una dirección que es consistente con nuestros intereses de largo plazo.” (pp. 461-462).

Los “asuntos sin investigar” que fueron denunciados crecieron en número e importancia; entre ellos, las denuncias de Susana Higuchi sobre las ong de la familia Fujimori, “el saqueo de la caja de pensiones militar y policial, y la malversación de la compañía de seguros estatal Popular y Porvenir” (p. 465). Paralelamente, “diversas acusaciones formales contra Montesinos” fueron desestimadas por la Fiscal de la Nación (pp. 475-476). Una poderosa organización de corrupción había penetrado el sistema de justicia: “Los jueces de la Corte Suprema y de los juzgados superiores y provinciales conformaron una red de prevaricación y cohecho que otorgaba decisiones y sentencias a favor de intereses privados y políticos protegidos por Montesinos. […] Desde su supuesta reforma en 1992, todo el sistema judicial estaba plagado de ‘innovaciones’ institucionales que servían como incentivo para los jueces mediocres y corruptos, y como castigo para los honrados. Aproximadamente, cincuenta jueces de cortes superiores y provinciales colaboraron en la red judicial de Montesinos.” (p. 475). En el famoso litigio en torno a la explotación minera de Yanacocha, Montesinos inclinó la balanza a favor de de Newmont-Buenaventura al inducir el voto del juez Jaime Beltrán a cambio de ciertas ventajas. (p. 489).

El epílogo de esta historia lamentable es algo más honroso. El Poder Judicial peruano ha sido capaz, a partir del año 2001, de procesar a 1250 personas por la participación en la gigantesca red montada por Montesinos (p. 523). En abril de 2009 un tribunal de la Corte Suprema condenó a Alberto Fujimori a 25 años de prisión. Estos hitos, pese a algunas limitaciones importantes, no tienen precedente en la historia del país. Lo que es más difícil de afirmar –especialmente luego de mirar esta historia ignominiosa de la justicia peruana– es si, en adelante, los jueces se demostrarán capaces de enfrentar el cáncer de la corrupción. Varios casos importantes –el del ex presidente Toledo, entre ellos– están en la agenda judicial actual o próxima, como para testar la voluntad y la entereza de nuestros jueces.

NOTA DEL EDITOR

* Jurista. Artículo publicado en «Ideele Revista N° 234». Consulta 10/12/2013. http://www.revistaideele.com/ideele/content/jueces-y-corrupci%C3%B3n-en-el-per%C3%BA-una-mirada-hist%C3%B3rica

Liderazgo histórico de un proceso social irreversible: referente trascendente de ciudadanía y del reformismo institucional peruano.

4 octubre 2013

Juan Francisco Velasco Alvarado (Piura, 16 junio 1910 – Lima, 24 diciembre 1977)

Fue un militar y político peruano, que presidiendo el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú, dirigió el golpe de Estado del 3 de octubre de 1968 que depuso al presidente constitucional Fernando Belaúnde Terry, elegido democráticamente, encabezando el primer gobierno institucional de las Fuerzas Armadas en la Historia del Perú. Ocupó la presidencia del Perú desde octubre de 1968 hasta agosto de 1975 del auto denominado Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada. Su gobierno se conoce también como la Primera Fase del Gobierno Militar, el Septenato o el Velascato (1968-1975), que duró hasta su destitución como presidente.

Infancia y juventud

Fue hijo de Juan Manuel Velasco Gallo y de Clara Luz Alvarado Zevallos. Nació en Castilla, un distrito de la provincia de Piura, en el seno de una familia trabajadora. Su madre vendía chicha para solventar los gastos del hogar, ya que en total eran once hermanos. Cursó estudios escolares primarios en el Centro Escolar N° 21 (1918-1922) y secundarios en el Colegio San Miguel (1923-1927), ambos en su ciudad natal. Terminados sus estudios escolares, decidió seguir la carrera militar, pero al no contar con recursos para trasladarse a Lima, demoró meses en partir, hasta que se embarcó de polizón en el barco chileno “Imperio” que se hallaba acoderado en Paita.

Carrera militar

En 1929, llegó a Lima, cuando ya se había realizado el concurso de admisión a la Escuela de Cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos. Decidió entonces incorporarse al Ejército como recluta, el 5 de abril de 1929, llegando a ser instructor de la Escuela de Clases. Pudo después asistir a la Escuela Militar, de donde egresó el 1 de febrero de 1934, con el grado de Subteniente de Infantería, obteniendo el primer puesto de su promoción, llamada Huáscar, pero la espada de honor la ganó su compañero Enrique López Velasco, del arma de Ingeniería.

En 1937, ascendió a Teniente. En 1939, pasó a ser instructor de la Escuela de Cadetes. En 1940, ascendió a Capitán, siendo destacado a la División de la Selva, pero retornó a Lima en 1941, para servir como instructor en la Escuela de Oficiales.

Pasó a cursar en la Escuela Superior de Guerra (1944), donde más tarde fue profesor de Infantería, Táctica y Estado Mayor. En 1946 fue diplomado como Oficial de Estado Mayor. En 1949, ascendió a Teniente Coronel y en 1952, pasó a dirigir la Escuela Militar donde hizo reformas y adecuó su reglamento acorde a los avances del arte bélico.

En 1953, pasó a comandar un batallón de infantería de la División de la Selva, hasta 1954. En 1955 ascendió a Coronel. Luego pasó a ser Director de la Escuela de Infantería y Jefe de Estado Mayor de la IV División del Centro de Instrucción Militar del Perú (1955-1958).

En 1959, bajo el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, fue ascendido a General de Brigada y nombrado Director General de Tiro y Comandante General de la II División Ligera (1960-1961).

En 1962, pasó a ser Agregado Militar en la Embajada del Perú en París, Francia y, ya de retorno, fue nombrado Jefe de Estado Mayor de la I Región Militar (1964). En 1965, ascendió a General de División. En enero de 1968, bajo el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, asumió la Comandancia General del Ejército y la presidencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú.

En Chincha, conoció a la que sería su esposa, Consuelo Gonzales Posada, que por entonces era una activista aprista. De esta unión nacieron: Teresa Consuelo, María Elena, Francisco Javier y Juan Mario.

Conspiración contra el gobierno de Belaúnde

Desde el momento en que alcanzó la Comandancia General del Ejército y la Presidencia del Comando Conjunto, el general Juan Velasco empezó a complotar contra el gobierno democrático de Belaunde, junto con otros Oficiales de Ejército. Entre estos destacaban cuatro coroneles: Rafael Hoyos Rubio, Jorge Fernández-Maldonado, Leonidas Rodríguez Figueroa y Enrique Gallegos Venero. Estos Oficiales, formados en el CAEM, se dedicaron previamente a estudiar la situación política, social y económica del Perú y concibieron un plan que, a su juicio, superaría la terrible crisis que agobiaba a la nación. En otras palabras, consideraban que solo un gobierno institucional era capaz de poner fin a todos los males del Perú.

El pretexto político usado para perpetrar el golpe de Estado fue el arreglo que el gobierno de Belaunde dio al añejo problema de La Brea y Pariñas. Este era el nombre de los yacimientos petrolíferos situados en el norte y explotados entonces por una compañía estadounidense, la International Petroleum Company (IPC). Durante décadas esta compañía y su antecesora británica, se habían negado a pagar al Estado el monto real de los impuestos por explotación, usando descaradamente a su favor un error inicial de parte del Estado en la medición de las pertenencias que explotaban. Este viejo litigio tuvo su término el 13 de agosto de 1968 con la suscripción del Acta de Talara, por el cual todos los campos petrolíferos que explotaba la IPC retornaban al Estado peruano, mientras que dicha compañía solo conservaba la vieja refinería de Talara. Pronto se habló de manejos ocultos en la operación, que supuestamente beneficiaban a la IPC, y se acusó de entreguismo al gobierno de Belaunde. El escándalo estalló cuando se denunció que faltaba una página en el contrato de precios de petróleo crudo entre la estatal Empresa Petrolera Fiscal (EPF) y la IPC (10 de setiembre de 1968). Esa fue la famosa “Página Once”, que sirvió de excusa para el golpe de Estado que se produjo en menos de un mes.

Se ha discutido sobre las verdaderas razones del golpe de Estado de 1968. Mientras que unos sostienen que a los militares golpistas les inspiraba un sincero deseo de implantar la justicia social en el Perú, otros políticos como el mismo Belaúnde, han hecho notar que los militares se adelantaron a impedir la realización de las elecciones generales de 1969, en las que se presagiaba el triunfo de Víctor Raúl Haya de la Torre. Los militares, desde la década de 1930, habían hecho cuerpo único para impedir el ascenso al poder de Haya y los apristas, animadversión mutua que se remontaba a la revolución de Trujillo de 1932, en donde fueron masacrados Oficiales de Ejército a manos de apristas exaltados, en respuesta de lo cual, un número indeterminado de apristas fue fusilado; otros analistas políticos presumen que por razones demostradas históricamente los militares retardaron el accionar subversivo de los años 80 por los cambios sociales introducidos en las reformas del Estado.

El golpe de Estado de 1968

El jueves 2 de octubre de 1968, el general Velasco acudió por la mañana a Palacio de Gobierno y presentó su saludo al presidente Belaúnde, durante la juramentación del gabinete presidido por Miguel Mujica Gallo. En horas de la madrugada del viernes 3 de octubre, tanques de la división blindada rodearon Palacio de Gobierno, así como el Palacio del Congreso. El presidente Fernando Belaúnde Terry fue aprehendido y enviado en avión hacia Buenos Aires. El Congreso fue cerrado. Se consumó así el primer golpe de Estado en la República sin apoyo del poder fáctico tradicional en el país: el poder económico nacional; hecho político que a decir de los golpistas tenía carácter de institucional, porque se instauraba un régimen de gobierno con apoyo de las Fuerzas Armadas en sus tres armas (Ejército, Marina y Aviación). Sin embargo, pese a que ello no fue concertado en forma conjunta, pues el golpe fue planeado por un grupo de Oficiales de Ejército encabezados por Velasco; las demás instituciones armadas se fueron plegando paulatinamente, constituyéndose el primer gobierno institucional de las Fuerzas Armadas en la Historia del Perú.

Gobierno: autodenominado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas y conocido por Gobierno de Juan Velasco Alvarado.

En el manifiesto que ese mismo 3 de octubre de 1968, dieron los militares, estos justificaron el golpe de Estado arguyendo contra el gobierno depuesto la «pseuda solución entreguista dada al problema de La Brea y Pariñas». Acto seguido se dio el Estatuto que regiría al autodenominado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Los comandantes generales del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea se constituyeron en Junta Revolucionaria y designaron al general Juan Velasco Alvarado como Presidente de la República. A diferencia de golpes de Estado militares anteriores apoyados por el poder económico en el país, como el de la Junta Militar de 1962, la Junta Revolucionaria instalada en 1968 no puso límite al tiempo en que permanecería en el poder. Toda vez, que pretendía responder a un proceso institucional requerido para llevar a cabo las grandes reformas sociales que el país precisaba. En principio el gobierno revolucionario se sujetaba a la Constitución de 1933 y a las demás leyes, pero siempre y cuando estas «sean compatibles con los objetivos del Gobierno Revolucionario». En otras palabras, la Constitución y las leyes quedaban subordinadas a los objetivos del Estatuto de Gobierno.

El 9 de octubre de 1968, el gobierno ordenó la toma de las instalaciones de la IPC en Talara, la misma que fueron realizadas por las fuerzas de la Primera Región Militar con sede en Piura, al mando del general Fermín Málaga. Este hecho tuvo un gran impacto en el país y ayudó al gobierno a consolidarse en el poder. La fecha del 9 de octubre se celebró a lo largo del gobierno militar como el Día de la Dignidad Nacional. Posteriormente, esta efeméride fue eliminada del calendario cívico del país al restaurarse el gobierno democrático. La IPC fue expulsada definitivamente del país, y aunque Velasco anunció reiteradamente que no pagaría ningún centavo a dicha empresa, que era filial de la Standard Oil de New Jersey, más tarde se supo que el gobierno negoció en secreto con la IPC, y que, mediante el Convenio De la Flor-Greene, el Perú pagó una indemnización de 76 millones de dólares, incluyendo los adeudos que la IPC tenía con el Estado peruano, que no se volvieron a mencionar nunca más.

Velasco conformó un gabinete compuesto por ministros militares y civiles. Su primer ministro y ministro de Guerra fue el general Ernesto Montagne Sánchez. En líneas generales, su política económica se enfocó a nacionalizar los sectores claves de la economía por medio de medidas proteccionistas e intervencionistas. Se rodeó de muchos civiles de notoria filiación izquierdista y tanto él como el resto de los militares que integraban la Junta y el Consejo de Ministros, se denominaban progresistas.

Obras principales

La principal obra del gobierno de Juan Velasco Alvarado fue el cambio estructural del orden social en el país, que rescató a la ciudadanía millones de peruanos marginados, objetivo alcanzado a través de reformas del Estado demandadas por la realidad y el interés nacional, de las cuales la reforma agraria se constituyó en el proceso irreversible de mayor significación social sin pretender efectos inmediatos en el orden económico, pues durante este período de gobierno el país mantuvo un promedio de crecimiento anual del 3.7%, en el marco de una política económica internacional de industrialización por sustitución de importaciones imperante en América Latina.

Nacionalizó la Banca Nacional desde el inicio del gobierno, cuando el 31 de diciembre de 1968 se dio el Decreto Ley 17330 disponiendo que el 75% del accionariado debía estar en manos de peruanos.

Nacionalizó los recursos mineros del país: expropió los yacimientos petrolíferos de Talara (IPC), así como las explotaciones e instalaciones de Cerro de Pasco Corporation y Marcona Mining. Surgieron diversas empresas estatales: PETROPERÚ (Petróleos del Perú), CENTROMIN PERÚ (encargada de la actividad minera metalúrgica de la zona central del Perú), HIERRO PERÚ (para Marcona) y SIDER PERÚ (para la siderúrgica de Chimbote).

Por Decreto Ley 17716 del 29 de junio de 1969, se dispuso una reforma agraria en todo el país con el objetivo de poner fin a la oligarquía terrateniente. Afectó a los latifundios de la sierra, pero también a los complejos agroindustriales de la costa, en las que se crearon Cooperativas Agrarias de Producción (CAPS), sin estar debidamente capacitadas para administrarlas. Ello condujo al colapso de la industria azucarera, hasta entonces uno de los pilares de la economía peruana.

Estatizó la industria pesquera y creó el Ministerio de Pesquería. La pesquería se orientó hacia el consumo humano. Con ello se mejoró la alimentación de la población, puesto que por ejemplo el pescado de mar que nunca había llegado fresco a los andes peruanos, llegaba ahora en carros refrigerados de la empresa pesquera estatal. Por otro lado, se inició el colapso de la industria pesquera de harina y aceite de pescado, hasta entonces la primera en el mundo.

Para distribuir los alimentos producidos por las cooperativas agrarias creadas por el Gobierno, se creó el Ministerio de Alimentación, que gestionó convenios para importar alimentos para el país.

La reforma del sector industrial se hizo por medio de la Ley General de Industrias, que creó la Comunidad Industrial, que involucraba a todos los trabajadores de una empresa, los cuales en teoría debían participar en las utilidades, en la gestión y la administración de la misma.

Impuso un control directo del Estado sobre las telecomunicaciones. La Compañía Peruana de Teléfonos fue expropiada y el Estado asumió una participación mayoritaria en la Radio y la Televisión, inicialmente en un 51% del accionariado; posteriormente abarcó el 100%.

Impuso fuertes restricciones a la libertad de prensa, confiscando todos los diarios de la capital, en la medianoche del 27 de julio de 1974. También se confiscaron diarios en provincias.

Las Fuerzas Armadas fueron equipadas con moderno armamento adquirido de Rusia, convirtiéndose en una de las mejores de América Latina.

Con el fin de movilizar organizadamente a la población y controlar las movilizaciones sociales, creó en 1972 el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS), que ofició como organización política del Gobierno Revolucionario, odiada y temida.

En el ámbito internacional, el gobierno de las Fuerzas Armadas promovió una política de no alineación, bajo el lema “ni capitalismo ni comunismo”. En los hechos, la ruptura con los Estados Unidos implicó alianzas con el bloque soviético.

En 1972, decretó una reforma educativa que previó entre otros una educación bilingüe para los indígenas y hablantes de lenguas originarias, que componían casi la mitad de la población. En 1975, se oficializó el quechua como lengua oficial junto al castellano. Tras la caída de Velasco esta ley fue olvidada.

Colapso del Gobierno de Juan Velasco Alvarado

Las grandes reformas sociales emprendidas con el propósito de cambiar la fisonomía del país afectaron la situación económica, debido a sus costos enormes. Se multiplicaron las empresas estatales, con un número crecido de empleados, que por corrupción e ineficiencia, produjeron enormes pérdidas. De otro lado, al aplicar políticas económicas demagógicas, como los subsidios a la gasolina en un contexto internacional desfavorable. Se empeñó en no devaluar la moneda, en momentos en que esta medida era necesaria. Cuando finalizó su gobierno en 1975, ya no existían reservas en el Banco Central; más bien, existían las llamadas «reservas negativas». El costo social del Velascato repercutió en el aspecto económico, que se constituyó en un fracaso redondo.

En 1973, cuando la crisis económica era evidente afectada por el orden económico internacional, Velasco sufrió un grave colapso de salud. El 22 de febrero de ese año fue hospitalizado de urgencia. La presencia de aneurisma le provocó la ruptura de la aorta abdominal. Fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas. El 10 de marzo se le amputó la pierna derecha. La Junta  Revolucionaria anunció en ese momento que las obligaciones del presidente de la República eran asumidas por el presidente del Consejo de Ministros Edgardo Mercado Jarrín. Pero a fines de ese mismo mes, Velasco reasumió sus funciones, si bien pero muy disminuido físicamente.

Sectores extremistas cercanos a Velasco pedían una radicalización que orientara al país de manera definitiva hacia el socialismo y el marxismo. Influenciado por esos sectores, el gobierno decidió confiscar los medios de comunicación. En la medianoche del 26 al 27 de julio de 1974, fueron ocupadas las sedes de los últimos diarios limeños que aún mantenían su autonomía: La Prensa de propiedad de Pedro Beltrán; Última Hora, vespertino que se imprimía en los mismos talleres de La Prensa; El Comercio de propiedad de la familia Miró Quesada; Correo y Ojo de propiedad del empresario pesquero Luis Banchero Rossi. Nominalmente, estos diarios fueron puestos a manos de los «sectores organizados» de la población, pero en realidad fueron entregados a empleados serviles del gobierno. Las televisoras y las radios ya habían sido afectadas tiempo atrás por diversas formas de control.

Dicho atropello a la libertad de prensa originó que por primera vez surgieran en las calles de Lima manifestaciones populares contra la dictadura. Los días 28 al 30 de julio la juventud del distrito de Miraflores se apoderó de las calles y plazas alzando su voz de protesta. Más de 400 manifestantes fueron detenidos. El aparato propagandístico del gobierno se limitó a ridiculizar la protesta, calificándola de oligárquica.

Así, en ese ambiente de descontento, se llegó a 1975. El 1 de febrero de ese año se inició en Lima una huelga de policías, quienes se quejaban de maltratos y exigían aumento de sueldos. Los policías se acuartelaron en Radio Patrulla, en la avenida 28 de julio del centro de Lima. En la medianoche del 4 al 5 de febrero, fueron atacados por la tropa y las unidades blindadas del ejército. Muchos policías huyeron; otros se rindieron. Aun cuando se comentó que se produjo también un número indeterminado de muertos y heridos, se desconocen tales casos pues nunca se ventilaron ni denunciaron.

En la mañana del 5 de febrero estalló la protesta popular. Grupos de revoltosos, en donde se mezclaron delincuentes, recorrieron la ciudad e incendiaron el Casino Militar de la Plaza San Martín, el local del diario Correo y las oficinas de SINAMOS. El Ejército salió a la calle, y en el transcurso de la tarde y la noche de ese mismo día, restableció el orden a sangre y fuego, e hizo un número indeterminado de víctimas. El gobierno suspendió las garantías constitucionales e impuso el toque de queda. El saldo oficial fue de 86 muertos, 155 heridos, 1,012 detenidos y 53 policías enjuiciados. Velasco acusó a la CIA y al APRA de alentar los disturbios y protestas. Pero su régimen ya estaba herido de muerte.

Golpe de Estado de 1975

El 29 de agosto de 1975, el General de División EP Francisco Morales Bermúdez, entonces Presidente del Consejo de Ministros, y quien estaba voceado para suceder en el gobierno a Velasco, lideró un golpe de Estado con apoyo del poder económico nacional, desde la ciudad de Tacna y derrocó a Velasco en una acción que se conoció como el Tacnazo. Para la realización de esta acción, Morales Bermúdez alegó la mala situación económica que atravesaba el país y la deteriorada salud de Velasco, a quien se le debió amputar la pierna derecha el 10 de marzo de 1973 debido a una gangrena derivada de un aneurisma aórtico abdominal que lo puso al borde de la muerte el 23 de febrero. En la tarde de ese mismo día Velasco abandonó Palacio de Gobierno y se marchó pacíficamente a su residencia de Chaclacayo. Oficialmente, se le consideró relevado del alto mando. No hubo ni una manifestación a su favor en todo el país.

Muerte

En sus últimos años, Velasco vivió una especie de reclusión voluntaria, sin dejar herederos políticos. Dejó de existir en el Hospital Militar de la ciudad de Lima, el sábado 24 de diciembre de 1977 y su sepelio fue multitudinario, el pueblo lo acompaño a su última morada, quizás como reconocimiento del cambio social que lideró en el país y expresión de protesta contra el gobierno de Morales Bermúdez. Los restos de Juan Francisco Velasco Alvarado reposan en el cementerio El Ángel de Lima. En 1980, su tumba fue objeto de un atentado dinamitero por Sendero Luminoso, en una de sus primeras acciones en el marco del conflicto armado interno que vivió el país hasta mediados de la década de 1990, marcando distancias con el proceso de reformas estructurales que inició el gobierno de Velasco.

Legado

La imagen de Velasco se mantiene en el país como el más importante referente del reformismo institucional peruano. Algunos de sus principales lugartenientes fundaron el Partido Socialista Revolucionario (PSR), inspirado en el proyecto velasquista. Dos meses después de su conformación sus cabecillas fueron deportados a Panamá y México, permitiéndose su regreso para las elecciones de la Asamblea Constituyente de 1979, obteniendo 7% de los votos. PSR fue parte de la Izquierda Unida, que integraba a las diversas organizaciones socialistas peruanas ubicadas políticamente a la izquierda del APRA.

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http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Velasco_Alvarado

Las Fuerzas Armadas y la Sociedad Peruana: antecedentes históricos

25 septiembre 2013

EL PUEBLO PERUANO Y LA DEFENSA NACIONAL

Roger Jordán Palomino*

Como conocemos, los componentes del Estado son su gobierno, su pueblo y su territorio,  componentes en los se deben hallar los medios  del Poder Nacional para  su Defensa la que, teóricamente conceptúa el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN) , como el “conjunto de previsiones y acciones que el gobierno adopta permanentemente para garantizar la Seguridad Integral del Estado”.

Lo expresado constituye el marco teórico en el que debería ubicarse la problemática de nuestra Defensa Nacional, pero cuando comparamos la teoría con la realidad , constatamos la verdad dolorosa de 180 años de vida republicana con gobiernos, en su mayoría ineficaces,  y un pueblo sin una Identidad Nacional homogénea  por la falta de consenso sobre las aspiraciones de  cada una de las clases sociales que lo constituyen. Tal situación impide, hasta ahora, la concurrencia de objetivos concurrentes  al logro de una Defensa Nacional adecuada a las amenazas que se dan en nuestra Realidad Nacional.

 Antes de continuar, creo necesario utilizar el sistema de estratificación social de clases según la sociología historicista por considerarla la más adecuada para los fines de este trabajo.  Así pues consideraremos que nuestro pueblo ha estado dividido hasta ahora en tres clases sociales definidas que son la clase alta dominante , la clase media y la clase baja pobre, correspondiéndole a la clase alta  dominante el tradicional control sobre el poder político y económico hasta la década del 70 desde la que se aprecia una gradual emergencia de las clases media y baja, particularmente en el campo político.

 Si hacemos un rápido recuerdo histórico desde que nacimos como república independiente, veremos cual fue la actitud típica de nuestras clases sociales frente a la problemática de la Defensa Nacional.

 Durante el periodo de nuestra independencia, la necesidad de separarnos de la Corona de España, sólo fue una aspiración de cierto sector de la clase alta dominante criolla opuesta a la clase alta dominante española que, sensibilizada por las ideas liberales, clandestinamente complotaba contra la corona en algunos círculos intelectuales y masónicos;  al resto de la población, o le interesaban muy poco semejantes aspiraciones o abiertamente se oponían a ellas por considerarlas contrarias a la obediencia al rey a  quien consideraban la legítima autoridad.

Como consecuencia de tal dicotomía, el nacimiento oficial de nuestras Fuerzas Armadas como instrumento de Defensa de  nuestra Independencia y soberanía, fue producto de la iniciativa del Generalísimo Don José de San Martín,  un libertador extranjero quien contó sólo con el apoyo de una parte de la clase alta  dominante criolla la que sólo se ocupó de la organización política de la revolución sin participar directamente en los campos de batalla.  La oficialidad del nuevo ejército estuvo constituida por oficiales extranjeros y patriotas nacionales de la clase media identificados con la libertad,  y  la tropa estuvo constituida predominantemente por la clase baja pobre que en gran parte ignoraba las verdaderas motivaciones ideológicas de la causa revolucionaria por lo que, así como sirvió en las filas patriotas , de igual manera sirvió en las filas realistas.

En la génesis de nuestras Fuerzas Armadas no ocurrió, por ejemplo,  lo que en la génesis de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de Norteamérica, que nacieron por la casi generalizada aspiración de todas las clases sociales de independizarse de la Corona inglesa, por lo que su participación,  se dio no sólo en el campo político sino también en el militar,  marcando así un antecedente que se ha repetido en todas las guerras que, en defensa de sus ideales, ha tenido este país, pudiendo asegurarse que no existe un sólo hogar de cualquier sector social norteamericano en los que no haya algún miembro muerto en alguna de dichas guerras. Este ejemplo se ve repetido en casi todos los países del mundo verdaderamente democráticos, excepto en el nuestro como veremos.

 Efectivamente, luego de nuestra independencia y durante los siguientes periodos históricos, las aspiraciones nacionales del pueblo estuvieron divididas por las diferentes percepciones sobre lo que creían, debería ser la Seguridad de la nueva república y que, casi siempre,  fueron el resultado de la imposición de la nuevas clases altas dominantes que, una tras, otra fueron emergiendo a la vida nacional motivadas frecuentemente por su apetito de poder, el que lograban mediante el complot a través de un militar ambicioso.  La oficialidad provino de la clase media,  y la tropa de la clase baja pobre que,  igual como servía en las filas de un caudillo servía en las filas de otro sin tener muy en claro las verdaderas aspiraciones  por las que luchaban. Una excepción a la situación expresada debe hacerse con el Gran Mariscal Don  Ramón Castilla quien percibió claramente que para lograr el Bienestar  y la Seguridad era necesario suprimir la esclavitud , aún en contra de los intereses de la clase alta dominante de dicha época, particularmente de la clase alta terrateniente,  y desarrollar a nuestras Fuerzas Armadas hasta hacer del Perú la primera potencia económica y militar de América Latina.

En la guerra con Chile se repitió el drama de nuestra falta de Identidad Nacional y de la nula percepción de nuestra clase alta dominante sobre el grave  peligro que suponía el expansionismo chileno lo que dio lugar al total descuido en la preparación de nuestra Defensa por parte de los políticos de turno.

 La situación antes descrita se reflejó claramente y como antaño, en la  oficialidad de nuestras Fuerzas Armadas provenientes de la clase media, particularmente de las provincias que en el avance del invasor, iban sintiendo su rapacidad y su crueldad. Nuestra tropa provino como siempre de la leva forzada de la clase baja pobre que, salvo honrosas excepciones, más seguían a sus líderes militares que a la causa nacional.  Lo expresado se puede comprobar en los archivos históricos mediante la lectura de las listas de bajas de tropa  llenas de apellidos de origen indio provenientes del ande.

 Para enfatizar sobre la nefasta participación de la clase alta dominante en esta infausta guerra, es suficiente recordar que el presidente Piérola asumió el mando de la nación y la dirección de la guerra tras apoderarse del poder por el viaje del presidente Prado a Europa para comprar armamento.  Como director de la guerra, dio la orden de hacer regresar a las tropas que, al mando del Crl.  Leiva, se dirigían de Arequipa hacia a Arica para reforzar a Bolognesi, lo que habría obligado al enemigo a combatir en dos frentes, cambiando quizá el destino de nuestros bravos en el morro. Fue también, quien desoyendo las atinadas recomendaciones de Cáceres para organizar la defensa de Lima en la fuerte posición de los cerros de Santa María en Pucusana, la organizó en la débil posición de San Juan en la que fue fácilmente destruido nuestro ejército. El pretexto de Piérola fue que San Juan estaba más cerca de Lima lo que le facilitaba la visita del frente. Completada la destrucción de lo último de nuestro ejército regular en San Juan,  la clase alta  dominante afincada en Lima se vio en la necesidad de organizar una apresurada segunda línea de defensa para detener al enemigo en Miraflores, motivada principalmente por el conocimiento de las atrocidades cometidas por los chilenos en el balneario de Chorrillos en contra de sus propiedades y de sus familiares que allí veraneaban luego de su victoria en San Juan; por tal razón, es recién en esta batalla que en las listas de bajas en los cuadros de oficiales y de tropa  se aprecian apellidos de la clase alta limeña de esa época.

 Al ser derrotado el improvisado ejército Peruano en Miraflores, el presidente Piérola huyó a la sierra con la idea de continuar gobernando desde esa región. En  la realidad,  la nación quedó sin gobierno y en manos del invasor quien ocupó la capital desfilando victorioso en la plaza de armas y disponiendo el control militar de la ciudad para detener los desmanes de la población hambrienta que se dedicó a saquear los comercios y las residencias teniendo  que nombrar como presidente a García Calderón  para poder gobernar.  Por su parte, cuando Cáceres organizó la resistencia en la sierra con la denominada campaña De la Breña, nuestra clase alta dominante, sobre todo la del sector económico minero y guanero,  ya había comenzado a convivir con las fuerzas de ocupación con las que departía socialmente en los mejores salones de Lima y en los que hacían grandes negocios con representantes del capitalismo chileno e inglés. Por tal razón, la resistencia de Cáceres no convenía a sus intereses comerciales por lo que influyeron en la organización de una campaña militar en su contra,  la que se inició con un Ejército Peruano organizado por Iglesias aliado con otro ejército Chileno.

 Motivado sobre todo por el desgaste que venía sufriendo por la campaña de resistencia de Cáceres en la sierra, la que no cesó a pesar de la derrota de Huamachuco, y por haber obtenido ya como botín las provincias de Tarapacá, Arica y Tacna luego del infame tratado de paz de Ancón que Iglesias y nuestra clase alta dominante aceptaron a cambio de la paz, el ejército chileno retornó a su patria, por lo que Cáceres bajó de la sierra para derrocar a Iglesias y hacerse del gobierno para reiniciar la reconstrucción nacional y  reorganizar nuestra Defensa Nacional, siendo luego elegido presidente.

 En su mandato tuvo que dictar medidas de gran firmeza para reconstruir a nuestra economía y para reorganizar a nuestro ejército a fin  de recuperar las provincias perdidas;  sus medidas motivaron el descontento de nuestra clase alta dominante la que, sin comprender plenamente su patriótica motivación, influyó en la política para dar por terminada la gran tarea de reconstrucción de nuestra dignidad, siendo elegido el General Remigio Morales Bermúdez quien murió antes de concluido su mandato por lo que fue reemplazado interinamente por el general  Justiniano Borgoño.  Terminado el interinato de Borgoño, se convocaron a elecciones resultando electo nuevamente Cáceres quien reinició de inmediato la tarea de reconstrucción y reorganización de nuestra Fuerza Armada que suponía un gran sacrificio nacional por lo que, nuevamente,  la clase alta dominante complotó con Piérola hasta derrocar a Cáceres.

 Una vez en el poder, ante la necesidad de reorganizar al Ejército Peruano, a Piérola no se le ocurrió otra cosa que traer una misión militar francesa para tal fin, en lugar de continuar con la concepción de Cáceres quien, como sabemos, había demostrado ser un brillante estratega y un hábil táctico además de eficiente organizador militar. Tal preferencia por lo extranjero reveló que más pudo la antipatía de la clase alta dominante peruana hacia un  genio militar nacional,  quien, con su exitosa  campaña de resistencia en la sierra, había puesto en jaque a las fuerzas invasoras haciendo peligrar de paso, sus pingues negocios con el enemigo.

 La tragedia de nuestra derrota ante Chile, tuvo diferentes efectos sicológicos en nuestro pueblo, los que hasta ahora, afectan nuestra vida nacional. Nuestra clase alta dominante se han resignado a la pérdida de nuestro territorio como algo que ocurrió en el pasado por lo que ha desarrollado, sin conseguirlo, sólo una vaga aspiración de superar económicamente a Chile pues considera que una guerra sería innecesaria ya que existe un tratado de paz; ella no comparte por ejemplo la aspiración nacional de la clase dominante boliviana de recuperar la provincia litoral de Atacama que les fue arrebatada por los chilenos en la misma guerra, o por lo menos, de tener un acceso al mar por haber internalizado la idea de que, de no ser así,  su patria estará condenada por siempre al subdesarrollo por haberse convertido en  país mediterráneo. Por su parte nuestras clases media y baja, según su nivel cultural y conocimiento histórico, se han resignado también  , abrigando, sin embargo,  la vaga aspiración  de que quizá, alguna vez, podremos recuperar el territorio perdido. En estas clases sociales, más que en la clase alta,  es más notorio el efecto del trauma frente a Chile lo que les origina un sentimiento de antipatía a este país.

 En el sector militar sin embargo, por haber estudiado los antecedentes políticos, históricos y militares de la derrota, se ha desarrollado un sentimiento definido de alerta permanente con respecto a Chile, pues está convencido de que la historia puede repetirse de no estar preparados. Lamentablemente, dicho sentimiento no ha sido compartido hasta ahora por las clases altas dominantes de turno pues siempre han pensado que dicho sentimiento de alerta de los militares es sólo un pretexto para el armamentismo, al que acusan de ser el principal factor de subdesarrollo de nuestra patria, antes de reconocer que nuestro atraso se ha debido principalmente a su ineficiencia política.

Desde nuestra derrota ante Chile, tal situación ha continuado hasta la fecha. Así,  en 1911, cuando los colombianos amenazaron los intereses de la población loretana, nuestro país se vio comprometido en una guerra  en la que salimos victoriosos militarmente ocupando puerto Córdoba, pero,  por la presión diplomática internacional sobre nuestra clase alta dominante, sobre todo del sector  político, puerto Córdoba fue devuelto a Colombia, continuando las fricciones con este país hasta que en 1922,  el presidente Leguía cedió el denominado “Trapecio de Leticia” con lo que los colombianos obtuvieron su  ansiada salida al Amazonas mediante el infausto tratado Salomón -  Lozano.  Sin embargo, en 1932 un grupo de patriotas del pueblo loretano ocupó Leticia lo que originó nuevamente una situación bélica que el Perú se aprestaba a afrontar cuando, como resultado de un complot,  fue asesinado el Presidente Sánchez Cerro en el momento que pasaba revista a las tropas que iban a marchar al frente. La guerra fue detenida y nuevamente nuestros políticos cedieron a la presión colombiana hasta lograr que en 1934  se reafirme la vigencia del tratado Salmón – Lozano en el que, además del “Trapecio”,  se autorizó a los colombianos a la libre navegación por el Amazonas Peruano. De esta manera e incomprensiblemente hasta ahora, nuestra clase alta dominante política, cedió a Colombia parte de nuestra heredad, a pesar de la sangre derramada por nuestros soldados y por el pueblo loretano. En nuestras conflictivas relaciones con Colombia,  nuestra clase alta dominante sólo participó en la componenda entreguista de nuestros políticos pero jamás aportó con su cuota de sangre para defender nuestra soberanía.

Con respecto al Ecuador, nuestras relaciones se han caracterizado siempre por la lucha entre los intereses expansionistas de la clase alta dominante de este país y la cesión de nuestro territorio por parte de nuestros políticos a pesar de haber triunfado siempre en el campo militar. En 1941, aún luego de haber ocupado toda la provincia Del Oro después de una rotunda victoria militar, el presidente Prado, típico representante de nuestra clase alta dominante, no sólo no exigió la demarcación definitiva de nuestra frontera sino que cedió territorio selvático del que ahora Ecuador extrae más petróleo que el que nosotros podemos extraer de nuestros yacimientos.  En 1981, Luego de nuestra victoria en el denominado “Conflicto del Falso Paquisha”, el presidente Belaunde tampoco exigió la demarcación definitiva de nuestra frontera y en 1999, luego de las operaciones del conflicto en el Cenepa, nuestros políticos cedieron a la presión internacional para lograr un controvertido  acuerdo en el que Ecuador obtuvo todas las ventajas.  En todas las campañas militares para defender nuestra soberanía frente a Ecuador, nuestra clase alta dominante jamás estuvo presente en los campos de batalla los que fueron regados sólo con la sangre de nuestra clase media y baja.

En la larga guerra contrasubversiva, se repitió el esquema de siempre. Nuestra clase alta dominante permaneció de espaldas a la grave amenaza a nuestra seguridad interna mientras que nuestras Fuerzas Armadas y Policiales provenientes de la clase media y baja combatían a este feroz enemigo . Recién, cuando el peligro comenzó a afectarla directamente, nuestra clase alta dominante vio el peligro de cerca y apoyó la ruptura del sistema democrático como un medio ilícito para combatir  a cualquier precio la grave amenaza subversiva, lo que originó graves distorsiones en el rol tradicional de la Fuerza Armada y de la Fuerza Policial.

 Así, hasta hoy,  no ha sido posible articular una Identidad  en relación a nuestra Defensa Nacional. Nuestra clase alta dominante opina que la Defensa Nacional es problema de los militares a quienes es suficiente, según piensa, asignarles un, siempre insuficiente presupuesto para que adquieran lo que  puedan y , paguen, alimenten y vistan como sea a sus cuadros . Nuestra clase media y baja, es la que tradicionalmente ha aportado con su sangre en el campo de batalla para defender nuestra heredad y nuestra libertad mientras que nuestra clase alta dominante ha venido dirigiendo los destinos del Perú desde los campos de la política y de la economía por lo que se puede concluir que es la responsable del estado actual en el que se encuentra el Desarrollo de nuestra sociedad y el bajo nivel de nuestra Defensa Nacional. Para comprobar lo que se expresa, basta verificar la imposibilidad de que algún joven proveniente de la clase alta sirva en las Fuerzas Armadas de nuestra patria como soldado y ni siquiera como oficial como si ocurre en otros países. Al respecto, en este momento existe una gran preocupación en los Estados Unidos por que es la primera vez que casi un 10% de los miembros del congreso y el gobierno no han servido en las filas de sus Fuerzas Armadas.

 Para terminar, es de esperar, que alguna vez, ojalá no demasiado tarde, las cosas cambien,  no sólo al punto de vista del desarrollo sino también de la defensa como  lo es en las grandes sociedades verdaderamente democráticas, teniendo presente que las amenazas internas y externas de nuestra patria no han desaparecido, sino que, por el contrario,  se visualizan en el horizonte como sombras que pueden tomar vida nuevamente para convertirnos, sea  en una Narco República o cercenar nuevamente nuestro territorio.  Por otra parte, cualquier proceso de reorganización de nuestras FFAA debe pasar necesariamente por un proceso de democratización de las mismas de tal manera que no haya excepciones de ninguna clase para servir en sus filas., sean ricos, pobres, blancos, cholos o negros.

MIRAFLORES, 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
NOTA DEL EDITOR
*  General de Brigada EP.   Artículo publicado en las revistas “Expresión Militar” Nº 9 del 2001, de la “Legión Cáceres “ Nº16 del 2003, de la “Legión de Caballería” Nº 17 del 2003, de la “Asociación Marín” Nº 21 del 2003.

Felices fiestas patrias para el Perú y Latinoamérica

26 julio 2013

EL PROCESO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ Y LATINOAMÉRICA

Las corrientes libertarias del siglo XVIII, que llevaron a la independencia de los Estados Unidos y precedieron la caída de la monarquía francesa, repercutieron en los países de América Latina con protestas, revueltas y rebeliones. Fernando VII, rey de España, había logrado frenar todo intento de emancipación en las colonias. Es así, que a comienzos de 1816, solo quedaban como únicos focos de agitación libertaria: las provincias unidas del Río de la Plata (Argentina), y la región de los llanos orientales del Orinoco (Venezuela). Fue de estos dos históricos lugares de donde partieron las dos corrientes libertadoras que convergieron hacia el Perú: la del sur, al mando de don José de San Martín (1820), y la del norte, comandada por don Simón Bolívar, con el mismo propósito, sellar la independencia de los pueblos de América Latina.

Buena parte de los peruanos combatieron en el batallón “Legión Peruana”, en el que destacaron el general La Mar, los oficiales Ramón Castilla, Miguel San Román y Narciso Tudela, todos ellos distinguidos por acción heroica en el campo de batalla.

San Martin en el Perú

El ejército libertador del Perú zarpó del puerto de Valparaíso, el 20 de agosto de 1820. La expedición financiada por Argentina y Chile constaba de 4,118 hombres de las diferentes armas: caballería, infantería y artillería. Después de 18 días de navegación, el memorable 8 de setiembre de 1820, se inició el desembarco de la expedición libertadora en la bahía de Paracas (departamento de Ica). En seguida, los patriotas ocuparon Pisco, Chincha y demás haciendas inmediatas. San Martin estableció entonces su cuartel general en Pisco.

Acta de la independencia del Perú

San Martín ocupa Lima y reúne a cabildo abierto el 15 de julio de 1821. Don Manuel Pérez de Tudela, más tarde ministro de Relaciones Exteriores, redacta el Acta de la Independencia, que fue suscrita por las personas notables de la ciudad:

 “En la ciudad de los reyes, el quince de julio de mil ochocientos veintiuno, reunidos en este Excmo. Ayuntamiento los señores que lo componen, con el Excmo. e Ilmo. señor arzobispo de esta santa iglesia metropolitana, prelados de los conventos religiosos, títulos de castilla y varios vecinos de esta capital, con el objeto de dar cumplimiento a lo prevenido en el oficio del Excmo. Sr. general en jefe del ejército libertador del Perú, don José de San Martín, el día de ayer, cuyo tenor se ha leído, he impuesto de su contenido reducido a que las personas de conocida probidad, luces y patriotismo que habita en esta capital, expresen si la opinión general se halla decidida por la independencia, cuyo voto le sirviese de norte al expresado Sr. general para proceder a la jura de ella. Todos los Srs. concurrentes, por sí y satisfechos, de la opinión de los habitantes de la capital, dijeron: que la voluntad general está decidida por la independencia del Perú de la dominación española y de cualquiera otra extrajera y que para que se proceda a la sanción por medio del correspondiente juramento, se conteste con copia certificada de esta acta al mismo Excmo. y firmaron los Srs.: el conde de San Isidro-Bartolomé, arzobispo de lima, Francisco Javier de Zárate -el conde de la Vega de Ren -el conde de las lagunas-Toribio Rodríguez -Javier de Luna Pizarro -José de la Riva Agüero-el Marqués de Villa Fuerte.”

Proclamación de la independencia del Perú

 El 28 de julio de 1821 se reúne el cabildo abierto en Lima, declarando junto con el pueblo la independencia del Perú de la dominación española y de cualquier otra dominación extranjera. Don José de San Martín proclama y jura la independencia del Perú en la plaza mayor de Lima con las siguientes palabras:

 “El Perú desde este momento es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende, 
 ¡viva la patria!, 
 ¡viva la libertad!, ¡viva la independencia!”

Según el historiador Jorge Basadre, estas palabras simbolizaban un cambio histórico, porque había surgido el principio de “la voluntad de los pueblos”, no solo del Perú sino de América Latina.

Simón Bolívar sella la independencia del Perú

En los hechos que marcan la historia, en Junín y Ayacucho con don Simón Bolívar, la independencia del Perú selló la independencia latinoamericana. El Perú y Latinoamérica tienen en sus raíces latinas un origen común que los une e identifica a través del mar, vía por la cual arribó la escuadra libertadora.

 ¡Felices fiestas patrias para el Perú y Latinoamérica!Imagen

TE AMO PERÚ

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