Identidad cultural y conciencia nacional

23 febrero 2009

IDENTIDAD E INTERESES NACIONALES

Por Comité Editor «Realidad Nacional»

De un lado tenemos, el Estado que respeta la identidad pluricultural del país, esto es, el conjunto de identidades culturales de la comunidad nacional, por tanto se distingue la identidad nacional como un proceso de interculturalidad que reconoce la interrelación de diversas culturas en la formación de una cultura nacional. Las identidades culturales son formas colectivas de identidad porque se refieren a algunas características culturalmente definidas de la identidad nacional, compartidas y retroalimentadas por las personas individuales y colectivas, como es el caso de las comunidades campesinas y nativas del país. Por otro lado, el deber constitucional de todos los peruanos –que comprende el Estado y la sociedad en su conjunto de proteger los intereses nacionales-.

Los intereses nacionales son la expresión del deseo colectivo nacional, definido por el pensamiento estratégico aplicado a la realidad nacional como la relación de tensión entre una necesidad material o espiritual de la comunidad nacional y el bien requerido para satisfacerla. Hay bienes propios de fortuna nacional como los recursos naturales y la diversidad cultural que generan la necesidad de protegerlos, así como bienes potenciales ajenos por obtener. Los intereses nacionales contenidos en la realidad nacional orientan los esfuerzos del Estado y la sociedad, le brindan cohesión y hacen coherente su accionar como país marítimo, andino, amazónico, antártico y aeroespacial.

La comunidad nacional vive hoy un intenso proceso de globalización que tiene su mayor expresión en el aspecto económico, con particular incidencia en el mercado de servicios culturales. La globalización económica es más una amenaza que una oportunidad para las culturas nacionales, porque pone en grave riesgo sus autonomías, sus identidades y sus sustentos. Frente a este fenómeno global potencias mundiales lideradas por Francia oponen la llamada excepción cultural, porque se resisten a la liberalización del comercio cultural que erosiona los cimientos de sus identidades nacionales y por tanto afecta la propia institucionalidad del Estado-Nación.

La crisis de identidad nacional que sufren los estados-naciones no es originada por la globalización, tiene raíces al interior de las propias comunidades nacionales que se manifiestan en rasgos culturales propios como son: la ausencia de valores éticos y morales, la carencia de signos y símbolos para expresar pensamientos e ideas, y en especial por no tener en cuenta las experiencias sociales que son fuente de la costumbre como norma social de convivencia comunitaria. La amenaza de la globalización a la diversidad cultural sumada a la crisis de identidad nacional pone en riesgo de estado fallido al Estado-Nación, y desafía nuestra capacidad individual y colectiva para superar debilidades e incrementar fortalezas.

Nuestra responsabilidad social individual y colectiva, por una educación y una cultura comprometida con la conciencia e identidad nacional es consecuente ineludible de la obligación que tiene todo ciudadano en particular, y el Estado y la Sociedad en general.

Así por un lado, es norma fundamental del Estado preservar las diversas manifestaciones culturales y garantizar la educación pública y la educación privada, a fin de promover la conciencia y construir la identidad nacional; y por otro lado, es deber constitucional de toda persona individual y colectiva honrar a la patria y proteger los intereses nacionales.

Dado que la educación y la cultura son pilares fundamentales de la conciencia e identidad nacional del país, así como que es deber constitucional de todos los peruanos proteger los intereses nacionales, nos corresponde como grupo preparado en realidad nacional, defensa y desarrollo contribuir a orientar el esfuerzo de la comunidad nacional en sus áreas de responsabilidad respecto de la identidad cultural y los intereses nacionales como país marítimo, andino, amazónico, antártico y aeroespacial.

Lima, 23 de febrero de 2009.

Política y Derecho: leyes instrumento de políticas públicas

6 diciembre 2014

Leyes viciosas
Alfredo Bullard*

Edouard René Lefebvre decía: “Las leyes se dictan sobre la base de la desconfianza y ninguna descansa realmente en la virtud de los ciudadanos”. La ley sanciona al ladrón porque no confiamos en que la virtud humana de la honradez evitará los robos. Finalmente quien cree que la ley penal convierte a las personas en honradas comete un error. La virtud nace de la convicción, no del temor. El actuar por temor a la ley no te hace un virtuoso de la misma manera que recitar de memoria un poema por miedo a ser castigado por el profesor no te hace un poeta.

Lo que ocurre es precisamente lo contrario. Como dice Descartes: “La multitud de leyes frecuentemente presta excusa a los vicios”. O dicho de otra manera, el exceso de leyes antes que generar virtudes, fomenta defectos.

La calidad es consecuencia de la virtud, no de la ley. Quien crea que dando leyes universitarias mejorará la calidad de la educación comete el mismo error que quien cree que creando la Santa Inquisición hará que la gente sea más religiosa.

La calidad no puede definirse objetivamente. La calidad se define por la satisfacción que alguien tiene con algo. Y cada quien espera cosas diferentes. La calidad es subjetiva. Por eso no se alcanza estandarizando, sino, por el contrario, diversificando y fomentando la competencia. Cuando uno estandariza la calidad logra el mismo efecto que el que lograría un cártel de competidores. Nada contribuye más a la calidad que la competencia entre opciones distintas.

La ley que regula calidad tiende a estandarizar. La ley considera calidad no lo que cada quien quiere, sino lo que el legislador determina. Si el legislador cree (como ha puesto en la nueva Ley Universitaria) que un doctorado solo tiene calidad si quien lo obtiene habla dos idiomas extranjeros, comete un error. Las personas estudiarán idiomas fáciles (como el portugués) antes que idiomas académicamente útiles. Ese tipo de exigencias realmente no ayudan a nadie.

Si cree, como lo exige la Ley Universitaria, que solo una persona con título de magíster puede ser profesor universitario, puede estar condenando el futuro de muchos buenos profesores no magíster bajo toneladas de magísteres mediocres. Es paradójico, pero dejé hace unos años de dictar en maestría porque me daba cuenta de que el nivel de la clase era inferior al nivel de pregrado. En la misma línea, ¿por qué un decano debe ser necesariamente magíster o un profesor principal debe ser doctor?
No quiero que se me malinterprete. Es legítimo que una universidad imponga exigencias a sus profesores y autoridades. La pregunta es si le corresponde a la ley establecer esos límites o si le corresponde a cada universidad. La estandarización legal reduce la competencia porque reduce los factores en base a los cuales competimos. De la misma manera como si la ley obliga que todas las galletas sean del mismo sabor se reduce el sabor como factor de competencia, al establecer los mismos requisitos para enseñar u otorgar títulos, se reduce la diferenciación como factor para competir. Así, como dijimos siguiendo a Lefebvre, tales regulaciones son actos de desconfianza que, finalmente, solo fomentarán vicios, no virtudes.

Interesante sería que los mismos congresistas que ponen requisitos a los profesores y autoridades universitarias se autoimpusieran límites para ser congresistas.

Quizás es mucho pedir exigir a los congresistas que hablen dos idiomas extranjeros, pero podrían dar una ley que les ponga como requisito pasar un examen de español nivel intermedio que permita asegurarnos que hablarán correctamente su idioma natal.

Quizás podamos pedirles que hayan obtenido un puntaje adecuado en el examen Piza (por si acaso sé que se escribe Pisa, pero prefiero ponerlo como lo escribiría un congresista).

Pero lo cierto es que, nos guste o no, la función del Congreso es reflejar diversidad. De la misma manera que la educación debe ser diversa. Como decía Bentham: “Cada ley es una infracción a la libertad”. Y sin diversidad no hay ni libertad ni competencia.

NOTA DEL EDITOR

* Abogado. Artículo publicado en El Comercio el 6 Diciembre 2014. Consulta 6/12/2014.

http://elcomercio.pe/opinion/columnistas/leyes-viciosas-alfredo-bullard-noticia-1776550?ref=portada_home#

Camisea: nueva matriz energética peruana

26 septiembre 2014

EN DIEZ AÑOS CAMBIÓ LA MATRIZ ENERGÉTICA EN BENEFICIO DE MILLONES DE PERUANOS
CAMISEA

En el corazón de la selva cusqueña, se inició hace diez años el proyecto energético más importante del Perú, que transformó la matriz energética del país, impulsando el desarrollo nacional y mejorando la calidad de vida de millones de peruanos.

Camisea comenzó su actividad productiva el 5 de agosto del 2004, luego del desafío que implicó su construcción ya que no solo debió velar por la biodiversidad de la zona, sino que también se tuvo que instalar una compleja planta de primer nivel en una zona alejada a la que sólo se podía acceder por río o aire. La operación de Camisea es un hito en el desarrollo del Perú y se hizo con una inversión que a la fecha supera los 10 000 millones de dólares.

La puesta en marcha de este proyecto permitió al país acceder al uso del gas natural en beneficio de la población. Es así que hoy el 41% de la generación eléctrica se abastece del gas natural de Camisea para llevar electricidad a millones de usuarios, situación que además nos permite contar con tarifas competitivas en el acceso a este servicio.

La existencia de Camisea permite también que se desarrollen otros usos directos del gas natural en las viviendas, industrias, comercios y transporte, donde es empleado como una alternativa de combustible más limpio y económico. Según las últimas cifras disponibles a la fecha, cerca de 190 000 casas y comercios utilizan el gas natural como combustible y más de 180 000 vehículos son accionados por gas natural.

Otro efecto positivo de Camisea es que ha permitido reducir el déficit de la balanza comercial de hidrocarburos en forma significativa, sobre todo en los últimos años, aligerando la carga en un contexto de dinamismo económico que coincidió con periodos de precios elevados del crudo. Se calcula que la reducción del déficit antes mencionado asciende a 1900 millones de dólares.

Un beneficio directo y palpable es sin duda el pago de regalías, además del impuesto a la renta. Desde el inicio del proyecto a mayo del presente año (226 meses), el Consorcio Camisea ha entregado al país por concepto de regalías 6689.4 millones de dólares. Sólo en mayo del 2014 (cifra más reciente con la que contamos al momento de esta publicación) las regalías de Camisea superaron los 89 millones de dólares. Como se sabe, la mitad de las regalías se suman a la mitad del impuesto a la renta que paga la empresa para formar el canon gasífero, que es distribuido en la zona productora (ver cuadro).

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Pero además, en el año 2005 se creó el Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea (FOCAM), un fondo intangible destinado a contribuir al desarrollo sostenible de los departamentos en donde se encuentran los ductos principales de los lotes 88 y 56, con el fin de mejorar el bienestar de las comunidades involucradas y procurar la preservación del ambiente y la ecología.

Según cifras de PERUPETRO, desde su creación a julio del 2013, los ingresos de este fondo bordearían los 2196 millones de soles. Este monto se distribuyó entre las regiones Ayacucho, Huancavelica, Ica, Lima (exceptuando Lima Metropolitana) y Ucayali.

¿Qué es Camisea?
Camisea es una de las más importantes reservas de gas natural en América Latina. Está compuesto por dos yacimientos (San Martín y Cashiari), ubicados en el Lote 88 y otros dos (Pagoreni y Mipaya) situados en el Lote 56.

El gas natural, que proviene de las operaciones de Camisea, es conducido hacia la planta de separación de líquidos conocida como Malvinas, a orillas del río Urubamba. En dicha planta los líquidos del gas natural se separan del gas (seco), el cual se acondiciona para ser transportado por un gasoducto hasta la costa, luego de que el hidrocarburo pasa por el proceso de separación de líquidos en la planta de Malvinas, se obtienen dos elementos: el gas natural y los líquidos de gas natural.

El transporte se realiza mediante dos ductos: uno de gas natural y uno de líquidos de gas natural. La tubería de gas natural mide 730 kilómetros y la de líquidos de gas natural mide 560 kilómetros, ambas atraviesan los departamentos de Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Ica y Lima pasando así por zonas de selva, después cruzando los Andes a alturas de más de 4800 metros, para finalmente descender por los terrenos desérticos de la costa.

El punto de inicio de las tuberías se halla en la planta de procesamiento de gas en Malvinas, el ducto de líquidos va hasta la planta de procesamiento de líquidos de gas natural cerca del puerto de Pisco (200 kilómetros al sur de Lima). El ducto de gas natural se dirige hasta el City Gate, en Lurín.

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Existe un tercer ducto, que se construyó desde la mitad del trayecto hacia Lima y que transporta también gas natural, pero que va hacia el proyecto Peru LNG.

La planta de fraccionamiento, ubicada en la provincia de Pisco, en Ica, es el punto de destino del gasoducto que transporta los líquidos de gas natural desde los campos de Camisea. A esta planta llegan los líquidos de gas natural (LNG), que luego son procesados para proceder a fraccionarlos en propano y butano (50%), nafta (40%) y diesel (10%).

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PROYECTO CAMISEA
EL PROGRAMA DE MONITOREO DE BIODIVERSIDAD

Mediante el Programa de Monitoreo de Biodiversidad en Camisea (PMB) se supervisa el estado de la biodiversidad en el área del Proyecto Camisea (PC). El área evaluada alcanza unas 500 000 hectáreas. Los resultados del seguimiento posibilitan generar recomendaciones a las empresas operadoras para la implementación de acciones de prevención, mitigación, corrección y la restauración de impactos en la biodiversidad.

Además, propicia la participación de los actores involucrados, especialmente de las comunidades nativas, en la ejecución del PMB y en poner a su disponibilidad la información generada.

Asimismo, el programa contribuye al conocimiento del ecosistema de selva que se desarrolla en el área de estudio y a la conservación del acervo cultural-ambiental de las comunidades que lo habitan, a partir de la difusión de los resultados obtenidos, utilizando los medios adecuados, de manera participativa y asegurando la transparencia del programa.

El City Gate, ubicado en el distrito de Lurín, provincia de Lima, es el punto de destino de uno de los gasoductos que transportan el gas natural. En estas instalaciones el gas natural es filtrado, se le reduce la presión y se le odoriza para su rápida y fácil detección, ya que el gas natural no tiene olor propio.

La planta de Pampa Melchorita, situada entre las provincias de Chincha y Cañete (región Ica), alberga la planta de licuefacción de Peru LNG. A esta planta llega el gas natural de Camisea y es sometido a muy bajas temperaturas, de modo que se hace líquido y reduce su volumen en 600 veces, haciendo posible su exportación por vía marítima.

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Fuente: Revista “desde adentro” de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía No. 131, edición julio 2014; págs. 20, 22, 23, 24, 26, 28 y 30.

CONVEMAR: ley entre los Estados parte

22 julio 2014

LA CONVEMAR Y LA CONSTITUCIÓN
Rocío Vásquez Goicochea*

La CONVECION DEL MAR es totalmente incompatible a la Constitución Política del Perú y lo demostraremos tomando solo 6 puntos que los convecionistas manejan, cuyas respuestas anotamos para que todos analicen…

1.-La Convención del Mar recoge la tesis peruana de las 200 millas, al igual que la Constitución.

FALSO: La llamada tesis peruana es en realidad la DOCTRINA PERUANA DEL MAR TERRITORIAL que desde 1947 dejó establecida claramente la soberanía y jurisdicción del Perú hasta la distancia de 200 millas. La Convención del Mar NO recoge un ápice de esa doctrina desde el momento que no reconoce la soberanía y jurisdicción del Perú en las 200 millas. Mucho menos la Constitución, cuyo Art. 54 establece que el dominio marítimo de 200 millas ES PARTE DEL TERRITORIO NACIONAL y goza de soberanía y jurisdicción, que no reconoce la Convención del Mar, al punto de limitar la soberanía (supuesta) a sólo 12 millas de ancho.

2.-Con la Convención del Mar el Perú asegura las 200 millas de soberanía y jurisdicción en su dominio marítimo porque otorga el reconocimiento de la comunidad internacional a los derechos del Perú sobre ese espacio.

FALSO: No sólo no se asegura NADA con la Convención del Mar, sino que se pierde la soberanía y jurisdicción exclusivas sobre las 200 millas del dominio marítimo del Estado (Constitución Art. 54), ya que la Convención legisla y decide sobre TODOS LOS MARES de los países que la aceptan, y establece que el “mar territorial” queda limitado a 12 millas, y que en éstas 12 millas se cumplen las disposiciones de la Convención del Mar. Entonces en nuestro mar dejaría de regir la Constitución del Perú, con lo que el país perdería definitivamente su soberanía y jurisdicción EXCLUSIVAS sobre el íntegro de las 200 millas.

3.-La Convención es el único instrumento mundialmente reconocido y en vigor para hacer valer nuestros derechos e intereses en todo el espacio marítimo: es la “Constitución de los océanos”.

FALSO: Todos los instrumentos internacionales, tengan muchos ó pocos adherentes son igualmente válidos para el grupo de países que participan en ellos. El hecho que la Convención del Mar sea reconocida por los 149 países que la integran (muchos de ellos ni siquiera tienen acceso directo al mar) no impide que existan (y de hecho existen) muchos otros documentos que TAMBIÉN conforman el Derecho Internacional del Mar. Uno de éstos es el acto jurídico de reivindicación marítima del Perú de 1947, aceptado y respetado internacionalmente. Pero la Convención del Mar no está dispuesta a reconocer nuestros bien adquiridos derechos sobre el mar adyacente a nuestras costas, prueba de ello es que pretende recortar nuestro mar territorial a solamente doce millas. Debe saberse que nuestros derechos sobre el mar no requieren de nadie que los proteja y de hecho nadie lo haría, porque lo que prima en las decisiones de otros Estados es el interés, motivo que los impulsa a presionar al Perú, en espera de poder “cosechar” en la mal llamada “zona económica exclusiva” del mar más rico del mundo.

4.-La Convención del Mar garantiza que el mar sea utilizado exclusivamente para fines pacíficos. La Convención del Mar proscribe la amenaza o el uso de la fuerza en el mar. Cualquier ejercicio o maniobra militar dentro de las 200 millas requeriría autorización de nuestro país.

FALACIA: Todos los tratados internacionales “garantizan” el uso del mar para fines pacíficos. Esta es letra muerta, porque con Convención o sin ella, el país que quiera agredirnos lo hará y no le pedirá permiso a nadie, mucho menos a nosotros. Cualquier maniobra militar dentro de las 200 millas requerirá nuestro permiso (¿acaso ahora no se requiere lo mismo?) Pero la Convención del Mar es un tratado reglamentario sobre uso del mar y no sirve para la defensa militar.

5.- La Convención del Mar obliga a los Estados a responder por el daño ambiental que ocasionen sus naves en el dominio marítimo peruano.

FALACIA: Si el Perú ingresara a la Convención del Mar perdería su soberanía y jurisdicción exclusivas sobre el Mar de Grau, y en consecuencia no estaría en condiciones de obtener resarcimientos ambientales de otros Estados salvo acudir al Tribunal Internacional de Mar, donde tendría que ganar en juicio a los países más poderosos del mundo. Sin tener que ir tan lejos, dentro del Perú, ¿acaso el gobierno ha sido capaz de impedir daños ambientales de las grandes mineras y petroleras que explotan actualmente nuestros recursos naturales? Lo que no pudo obtener en tierra con soberanía y jurisdicción, ¿lo conseguiría en el mar sin soberanía ni jurisdicción?

6.-Con la Convención del Mar el Perú participará de pleno derecho en el desarrollo del Derecho del mar contenido en este código de los océanos.

FALACIA: Lo que debemos mantener es el Derecho a la soberanía y jurisdicción exclusivas sobre las 200 millas de nuestro mar territorial. Si con la Convención del Mar perdemos los 864,000 km2 de territorio marítimo, ¿de qué nos sirve participar en el desarrollo del “Derecho del Mar”?

NOTA DEL EDITOR

* Periodista. Directora de la Revista PERUPESQUERO. Artículo publicado en:
http://lista.oannes.org.pe/pipermail/oannes-oannes.org.pe/20140710/032755.html

Importancia de la educación nacional: sólo la cultura nos hará libres e iguales

31 marzo 2014

ENTREVISTA
Por: Walter Carrillo Sánchez

“La educación es tan importante en el país que no se puede dejar este tema solo al Estado o a los privados. Debemos asumirlo juntos”

José Miguel Morales*

Una educación de calidad sólo se podrá alcanzar con el esfuerzo y la unión del Estado, del sector privado y de la sociedad civil, afirma José Miguel Morales, quien realiza un balance del trabajo desplegado por Empresarios por la Educación (ExE) y de los objetivos que esperan alcanzar en este 2014.

¿Cuál es el balance del trabajo realizado por Empresarios por la Educación?
El balance es bueno. Si se mira en retrospectiva, cuando comenzamos, no pensamos que se llegaría tan lejos. Es un trabajo fuerte y constante. Al inicio tratamos de enfocarnos en obras de infraestructura, pero eso no es permanente. Uno construye algo; y si eso se cae, al final no queda nada, pero lo que si queda es la capacitación. Y hacia eso fuimos.

¿Cómo se inició este trabajo?
Cuando estábamos en la CONFIEP, hicimos un congreso basado en la educación y nos dimos cuenta de que todas las empresas tenían propuestas para la educación, así que replanteamos el tema. No era una competencia entre nosotros porque en educación no se compite, sino que juntos se debía apoyar al país. Así que creamos Empresarios por la Educación a fines del 2007 y comenzamos a trabajar en el 2008, en una sala de la CONFIEP. Después, poco a poco, nos fueron apoyando. Empezamos con tres grupos económicos importantes: el Grupo Brescia, Buenaventura y el Grupo Romero.

¿En la actualidad cuántas empresas apoyan a Empresarios por la Educación?
Tenemos 49 empresas, como Microsoft, IBM e Intel, y entre ellas no hay competencia. También se encuentran Backus, Banco Continental y el Banco de Crédito. Del sector minero están Southern Perú, Antamina, Tintaya, Buenaventura, Minsur, Poderosa, Marsa, entre otras. El sector minero es el que está más representado, hay como 14 en Empresarios por la Educación. Además, figuran las empresas de los sectores hidrocarburos y de electricidad.

¿Desde el inicio la idea era que los programas se debían aplicar fuera de Lima?
Así es. Con orgullo podemos decir que llegamos a 23 de las 25 regiones del país. Desde el principio se pensó en trabajar fuera de Lima. El objetivo es capacitar a los maestros de las entidades públicas. Nosotros no creamos escuelas. Llegamos a ellas y colaboramos en la capacitación de los profesores en temas digitales y a los directores en temas de gestión. Después de ocho años, llegamos a 89 000 maestros de los 220 000 que hay en provincias. Y mediante ellos hemos llegado a más de un millón 800 mil niños. Son cifras grandes y espectaculares, pero en realidad no hacen ni el 10% del universo educativo existente en el país.

¿En algún momento se pensó en promover la educación privada?
No, desde el inicio se pensó en apoyar a la educación pública. Y en esta tarea estamos unidos el Ministerio de Educación, el Gobierno Regional, las municipalidades, los padres de familia y las empresas de la zona. No sólo también creamos un sistema de interrelación entre peruanos.

¿La educación es un tema que debe unir a todos los peruanos?
La educación es tan importante en el país que no se puede dejar este tema solo al Estado o a los privados. Debemos asumirlo juntos. Ese es el mensaje de Empresarios por la Educación. Nosotros no sustituimos a nadie. Estamos colaborando para que el sector público tenga éxito. Y que sepa que puede contar con nosotros. En eso trabajamos.

¿Cuáles son los proyectos para este año?
Ahora se viene el gran salto. Y en esta tarea nos ayuda una empresa del sector minero, que es Southern Perú. Estamos llevando una computadora a cada aula de todos los colegios de Moquegua. Llevaremos interconexión digital, internet y capacitación para los maestros. Sus clases se dictarán con estas herramientas digitales. Es un programa que durará dos años y comprenderá a todas las instituciones educativas. En muchos pueblos no hay conexión de internet, pero ahí está el desafío. Southern se ha comprometido a aportar hasta 108 millones de soles en este programa. Este proyecto se ejecuta en asociación con el Gobierno Regional de Moquegua, y el ejecutor del proyecto es Empresarios por la Educación.

¿Sería un programa piloto que después se replicaría en otras regiones?
El objetivo es que se convierta en un programa piloto. Moquegua tiene el tamaño ideal para hacer un programa piloto. El programa está bastante avanzado y está involucrado el Ministerio de Educación. También participa, aunque parcialmente, el Ministerio de Economía y Finanzas en el tema del mantenimiento a las máquinas. El Gobierno Regional de Moquegua está asumiendo ese mantenimiento con dos millones de soles al año. Lo importante es que el Gobierno Nacional, el gobierno regional, gobierno local y la empresa privada están trabajando juntos por la educación.

¿Estamos en el camino correcto para obtener logros significativos en el mediano y largo plazos?
La educación es un tema de largo plazo. Antes de diez años no veremos un cambio radical. Puede que percibamos alguna mejoría, pero estamos tan bajos en las pruebas PISA, que todo cambio es hacia arriba y no hacia abajo. En estas pruebas no nos medimos con nuestros iguales, sino con los mejores. En la vida hay que buscar siempre quién es el mejor para igualarlo, sobre todo en educación.

¿En las escuelas intervenidas por ExE ya se ven estas mejorías?
Por supuesto. Por ejemplo, en el distrito San José de Los Molinos, en Ica, se pueden percibir estos cambios. Cuando llegamos a ese lugar, la comprensión lectora era del 13%. Después de dos años, el Ministerio de Educación hizo una evaluación y encontró que estábamos en el 92%. Felicitaron al director y lo simpático fue que cuando recibió la noticia, no fue a la UGEL a comunicar y agradecer por el logro, sino a la empresa que había ayudado y apoyado en esta tarea educativa. Así se tiene una buena relación de entendimiento con la población y eso debe primar en el país.

¿Cuál es el grado de coordinación con las entidades del Estado?
Es altísimo. Se trabaja en coordinación con todos los ministros de Educación. También con el Sutep. Al inicio, ellos creían que promoveríamos la privatización de la educación. Al darse cuenta que nuestro interés era capacitar a sus miembros para ascender en la carrera magisterial, cambiaron. Ellos saben que las capacitaciones son herramientas y medios para acceder a un mejor futuro.

¿Y cuál es la relación con los gobiernos regionales?
Le cuento una anécdota. En diciembre del año pasado, en pleno conflicto de Conga, el Ministerio de Educación invitó a todas las regiones a exponer lo que se hacía por la educación. Yo fui a explicar lo que era Empresarios por la Educación. Al terminar mi exposición, tres personas me invitaron a visitar su stand. Era el stand del Gobierno Regional de Cajamarca. Yo soy director de Minera Yanacocha. Supuestamente, éramos los enemigos irreconciliables, pero eso no fue obstáculo para conversar sobre educación. Creo que la educación no tiene banderas. No es de izquierda o de derecha. Carece de ideologías. Se trata de que los niños aprendan para dejar la ignorancia. Esa es la verdadera liberación a la que puede aspirar el ser humano.

Lima, 27 de marzo del 2014

NOTA DEL EDITOR

* Presidente de la Asociación Empresarios por la Educación. Entrevista publicada en la Revista “desde adentro” de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía No. 125, edición enero 2014; págs. 8, 9 y 10.

 

El fallo CIJ de La Haya le dio la razón a Chile: al Perú una compensación marítima

10 febrero 2014

Nos ratificamos: no ganamos en La Haya

César Hildebrandt*

Seguramente la re­unión del 2 más 2 de­jará todo lo sustancial en suspenso, a la es­pera de mejores vientos. En eso consiste la diplomacia al  fin y al cabo: en omitir el veneno de las verdades y en tomar el brebaje opiáceo de las dilaciones. Hasta que el reloj se canse.

Pero, más allá de las omisio­nes protocolarias, lo que quedará para la historia que lean los que vengan es la vergüenza de la pren­sa peruana concertada en Palacio de Gobierno: resulta que ganaron los que siguieron perdiendo, que Tacna está feliz y emocionada, que todos saltamos de alegría porque tenemos dos fronteras (una te­rrestre, una marítima, ¿habrá una aérea?), que el mar ignoto que se nos concedió como zona económica es ya el de la abundancia, que los gradualismos y las bre­vedades son hermanos gemelos, que las costas secas son frecuen­tes, que el triángulo terrestre fue nuestro cuando hasta los guardias peruanos que lo merodean pasan de puntillas para no irritar a los vigilantes fronterizos chilenos, y que la inepta Corte de La Haya es el ejemplo de aquella sabiduría jurídica que empezó con el babi­lonio rey Hammurabi.

Qué asco, señores coleguitas. Qué grima, gordos del alma que arrastran su grisura por razones de Estado y que mienten “por la patria” y que creen que Joselo García Belaunde o Manuel Rodrí­guez Cuadros son los héroes de la jornada, con su Wagner encima y su García-poetastro debajo.

No cuenten con nosotros, seño­res del coro. Y nos ratificamos: La Haya, al consagrar el hito1 como delimitación, le ha creado un pro­blema adicional al Perú. Porque si tierra manda sobre mar, como di­cen algunos de nuestros juristas, entonces las dos fronteras, según La Haya, quedan reducidas a una y el llamado Punto Concordia devie­ne mención nostálgica de un trata­do que el Perú nunca hizo respetar y nunca cumplió a cabalidad.

O sea que, gracias a La Haya, el triángulo terrestre que jamás tuvimos en plenitud soberana esa hora más ajeno que nunca.

Y los idiotas de 1952,1954, 1968 y 1969 son, gracias al fallo de La Haya, más idiotas que nunca por­que admitieron que un trato so­bre la pesca fuera, explícitamen­te, una demarcación de mares que las concesiones sobre enfilamiento de señales confirmaron. Y esas viejas pústulas, que comprome­ten a nuestra diplomacia duran­te tantos años, son las que hoy han reventado y las que pretende ocultar el “patriotismo” gregoria­no del periodismo “delivery”.

Los que han remata­do el Perú al mejor postor, los que nos han dejado sin flota de cabotaje ni línea aérea ni petrole­ra en funciones, ahora dicen que debemos alegrarnos porque tene­mos 50.000 kilómetros de nuevo y remoto mar. Marcha de bande­ras, tambores, paso de vencedo­res. ¿Verdad, Canal N?

Que se lo pregunten a los pesca­dores de Tacna y a la pobre mujer que han usado para un spot pro­pagandístico.

Esta atmósfera de mendacidad orquestada es heredera de nues­tra historia, hija de las taras que nos impidieron ser un país en for­ma y tener una clase dominante ilustrada y creadora. Mentir en conjunto no rebaja la mentira. Y es mentira descomunal decir que el fallo de La Haya favoreció am­pliamente al Perú.

Que Humala, García y Toledo se presten a esta conspiración del chauvinismo de pacotilla, no es extraño. La mentira es para ellos un insumo retórico. Pero que la prensa no cumpla con el deber elemental de poner las cosas en su sitio y decir algo que se parezca a la verdad, es algo que, aun para los parámetros laxos del Perú, re­sulta sorprendente. Enredarse en el laberinto de Torre Tagle -curioso que nuestra diplomacia se apellide con el nombre de un traidor fundacional que quiso pactar con el poder colonial- puede ser obli­gación de funcionarios resignados pero no debiera ser parte de la agenda de los informadores.

El triángulo terrestre no tiene mayor importancia. La tiene la mentira de decir, tensando la lógi­ca hasta romperla, que el fallo de La Haya nada tiene que ver con el tema. Y es mayor mentira decir todavía que el Tratado de 1929 re­solvió todo lo pendiente cuando el Perú poco hizo para su cabal cum­plimiento. Eso es así al punto que el hoy sacro “triángulo terrestre” está, de facto, en manos de nadie y pertenece a una jurisdicción fantasmal. ¿Qué imperio ejerce el Perú sobre esas 3.7 hectáreas?!Ninguno!

Durante años esta revista, en honrosa soledad, ha recordado la historia de la guerra del salitre. Hemos publicado decenas de ar­tículos al respecto y hasta hemos reproducido, por capítulos, libros que describieron ese episodio tan horrendo como deshonroso. Nuestro propósito no era estro­pear el futuro de dos países inexo­rablemente próximos y, por lo tanto, condenados al concierto y la cooperación. Nuestro objetivo era reconstruir nuestras miserias y subrayar el deber de no repetir­las. También era nuestro propó­sito recordar el ensañamiento de los vencedores de esa guerra y las motivaciones ancestrales de sus afanes de conquista y los orígenes de su furia.

Queríamos, en suma, que todos aprendiéramos del pasado  para refundar una relación vecinal basada en la igualdad.

Por lo visto, la tarea si­gue en pie. Chile pre­tende, altaneramen­te, poner obstáculos al cumplimiento de una sentencia que en casi todo lo favorece. Parece seguir siendo, inercialmente, el viejo Chi­le portaliano que tanto nos temió y odió. Y el Perú, mintiéndole a su gente, parece ser el zombi deci­monónico cuyos partes de batalla llamaban resistencia a las fugas y derrotas insignificantes a las pér­didas de alturas estratégicas.

NOTA DEL EDITOR

* Periodista. Artículo publicado en «Hildebrandt en sus trece» el 7 Febrero 2014. Consulta  10/02/2014.

http://www.hildebrandtensustrece.com/ 

La Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya: Serenidad y Prudencia

28 enero 2014

LA HAYA: CÓMO GANAR PERDIENDO
Julio A. Mendoza García*

Como era mi responsabilidad ciudadana y de educador, quedé “atrapado”, como muchos, por la lectura de la sentencia de La Corte de la Haya.

Era un tema de soberanía nacional. Esa era la contradicción que caracterizó el proceso en La Corte de la Haya. Así lo debimos tomar los peruanos, así lo tomó Chile por su lado.

Sin embargo, para El Comercio, la CONFIEP y el gobierno de Ollanta la cuestión era dar vuelta a la página rápidamente porque hay muchos negocios con Chile. Negocios que están por encima de las razones geopolíticas, de soberanía, patriotismo y el bienestar del pueblo y los pescadores tacneños. Lo que, por supuesto, les es totalmente ajeno a aquellos.

No estaba establecido el límite marítimo, eso dice la Corte de La Haya en su sentencia. Sin embargo, dice La Corte misma, que había una frontera marítima tácita, hasta las 80 millas. Que esa frontera tácita estaba establecida, por las resoluciones o tratados de 1952, 1954, 1959 y las prácticas posteriores.

Y esas prácticas han sido que pese a que el Perú reivindicaba derechos marinos sobre las zonas señaladas, nunca reclamó ni hizo cuestión de estado cuando la marina de Chile, ejerciendo soberanía de facto, a diferencia nuestra, capturaba nuestros barcos pesqueros, principalmente de pescadores artesanales (el pueblo del mar). Hoy mismo hay pescadores peruanos retenidos en Arica, por quienes el gobierno nada hace absolutamente, como nunca hizo Alan García “el embanderado”, quien tenía pánico “que los chilenos se molesten”, como aprendió de las clases dominantes del Perú. Las prácticas han sido pues la expresa renuncia, en los hechos, a nuestra soberanía marítima durante todos estos tiempos.

Desde la guerra con Chile, cuando nuestras clases dominantes aceptaron desesperados la derrota y se sometieron a la soldadesca invasora. Desde cuando posteriormente condenaban a los patriotas que promovían y practicaban la resistencia como Andrés Avelino Cáceres, siempre han actuado en sometimiento a las clases dominantes chilenas. Hasta reivindican al traidor Iglesias quien firmó el humillante Tratado de Ancón. Hasta ahora, como La Corte ha puesto el dedo en la llaga, también “negligieron” o se sometieron a las permanentes agresiones de Chile. Por eso inventaron las “cuerdas separadas”, como expresión de felonía contra nuestra patria, donde lo más importante son los negocios con la granburguesía chilena antes que el espíritu patriota que defienda nuestra soberanía y la independencia económica de Tacna y el Perú. Por eso mismo, históricamente, perdimos Arica y Tarapacá. Hay pues una línea de continuidad.

Entonces ha habido una frontera marítima tácita, aceptada, incluyendo el hito 1 como referencia, por las clases dominantes del Perú y sus gobiernos. No podemos olvidar esas traiciones. Si exigíamos que se respetase la bisectriz del ángulo formado por las costas peruanas y chilenas era porque es justo. Y cómo, si nos han negado lo principal de nuestro derecho planteado, ¿hemos ganado? Más aún, cuando está claro que la zona pesquera más rica ha quedado del lado de Chile.

Nada teníamos, dicen los políticos pusilánimes, de esos que cocinaron y mantuvieron la frontera marítima tácita señalada por La Corte. “Nos hemos ganado alguito” dicen para calmar lo poco de conciencia que les queda. Ollanta mismo dice que “hay territorio que se incorpora al Perú”. Es decir ¿no era territorio nuestro?

Por cierto, no hacemos una vindicación chovinista o revanchista. Los pueblos chilenos y peruanos tenemos cuentas pendientes con nuestras clases dominantes. Tenemos hermandad latinoamericana. Pero en la derrota que hemos conocido en La Haya, debemos señalar el por qué no se nos dio la razón. Porque los convenios pesqueros que hablaban de fronteras marítimas fueron firmados por gobiernos entreguistas y no fueron denunciados por los que les sucedieron, porque ante las agresiones marítimas que incluían el arresto de pescadores peruanos por Chile, nunca hubo reclamos peruanos (La Corte lo dice). Porque ahora Tacna mantiene “mar seco”, contra lo que precisamente fuimos a la Haya considerándolo injusto.

Debemos reconocer el papel de algunos diplomáticos patriotas como el Embajador Bákula que nunca renunciaron a la defensa de nuestras fronteras. También ha habido militares como Grau, Bolognesi, Cáceres o recientemente Velasco que dieron clases de patriotismo. Las clases dominantes, la granburguesía intermediaria y financiera, hermanas de las chilenas y los políticos a su servicio, querrán que nos traguemos que “nos ganamos alguito”, cuando la derrota es ostensible. Y las únicas responsables son ellas.

Hay diferencias. Ya ganamos dicen, nada teníamos comentan, los representantes peruanos. En cambio, Chile, mediante su Presidente dice que lamenta que se haya recortado su mar territorial en la extensión de las 200 millas. Dos actitudes que siempre han marcado una diferencia entre nuestras clases dominantes que nunca han sido dirigentes y las clases dominantes chilenas que además sí han sido dirigentes, sin dejar de ser dominantes.

Así, la parte más dinámica del mar, económicamente hablando, la que nos correspondía, la que reclamábamos, queda con Chile. Tacna se queda con mar seco. Hemos perdido pero mañana El Comercio, el gobierno, los partidos y medios del neoliberalismo, dirán “hemos ganado con la sentencia”. Así, sólo en el Perú, podemos terminar ganando cuando, en realidad, hemos perdido. “Nos sentimos complacidos por los resultados obtenidos” dice Ollanta, más patético no pudo ser.

Queda, lamentablemente, sólo acatar lo dispuesto por La Corte, aun cuando es una derrota para nuestro país. Es el derecho internacional. Derrota que cargarán, sin conciencia, las clases dominantes. Este es un motivo más para reflexionar sobre por qué es necesaria la lucha por un nuevo curso en la historia de nuestro país, empezando por la derrota del neoliberalismo.

* Educador. Artículo publicado en «Foro Red Paulo Freire-Perú» el 28/01/2014. Consulta 28/01/2014.

http://es.groups.yahoo.com/group/peruforopaulofreire/message/30750

Demanda peruana ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya: episodios y personajes

24 enero 2014

El camino a La Haya: Hace 28 años Perú hizo primer reclamo

En la gestación de la demanda peruana contra Chile en la Corte de La Haya hay episodios poco conocidos y personajes olvidados.

Es sabido que el 23 de mayo de 1986, el canciller chileno Jaime del Valle recibió en su despacho al embajador peruano Juan Miguel Bákula a pedido de Allan Wagner, entonces ministro de Relaciones Exteriores del Perú en el primer gobierno de Alan García.

Durante 40 minutos, Bákula expuso con elocuencia que Perú y Chile no tenían fijada una frontera marítima.

Era la primera vez que Perú formulaba ante el gobierno de Chile, “por los canales diplomáticos”, el reclamo por la falta de una delimitación marítima.

El canciller chileno, sin duda algo aturdido por la novedad de un tema que su país consideraba irrelevante, le pidió a Bákula que le presente un texto escrito de lo expuesto.

LA NOTA 5-4-M/147. Bákula retornó a la embajada peruana en Santiago, a cargo del embajador Luis Marchand Stens, escribió un memorándum y en menos de cinco horas entregó en la Cancillería chilena la famosa Nota 5-4-M/147, con sello y firma del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

Al respecto, el analista y estudioso chileno José Rodríguez Elizondo considera que este “tácticamente fue el minuto fatal” para la diplomacia chilena, y el inicio formal de un largo camino que se concretó el 16 de enero del 2008.

Pero en junio de 1985, el electo presidente Alan García ya había decidido dar fin a los temas pendientes del Tratado de 1929.

El excanciller Luis Gonzales Posada refirió a este diario que García tenía cierta cercanía con el dictador chileno Augusto Pinochet y envió a Santiago a Hugo Otero, un hombre de su confianza. Según Gonzales Posada, Otero logró ser recibido por Pinochet, a quien expuso la necesidad de trazar una frontera marítima definitiva entre ambos países.

El dictador, tras escucharlo, le dijo que conversará al respecto con el canciller Jaime del Valle.

Este lo atendió, pero en definitiva la misión de Otero no logró nada relevante debido a lo hosquedad de Del Valle. Al año siguiente, por fortuna, Bákula tuvo un mejor resultado.

A PEDIR DE BOCA. Para beneplácito de la diplomacia peruana, la Cancillería chilena emitió un comunicado de dos puntos dirigido al gobierno peruano en relación con las gestiones de Juan Miguel Bákula.

Esto ocurrió el 19 de junio de 1986. Allí se reconocía la visita del enviado peruano Juan Miguel Bákula, en relación con los asuntos referidos a la Comisión Permanente del Pacífico Sur y la Organización Latinoamericana de Pesca.

Pero admitía, también, que el enviado peruano “dio a conocer el interés del gobierno peruano para iniciar en el futuro conversaciones entre ambos países, acerca de sus puntos de vista referentes a la delimitación marítima”.

Aunque, cabe precisar que nueve años antes de la importante misión Bákula, en 1977, el almirante en retiro Guillermo Faura Gaig esbozó la actual tesis peruana sobre la necesidad de que se establezcan los nunca firmados límites marítimos con el vecino del sur.

LOS DOS TRIÁNGULOS. Además de soberanía, ambos países disputan la propiedad del recurso pesquero en un triángulo marino de 95,511.26 kilómetros cuadrados, que se extienden frente a las costas de Tacna (Perú) y Arica (Chile).

El triángulo se divide en dos partes contiguas. La primera, de 67,139.4 kilómetros cuadrados,es considerada por el Perú como parte de su mar territorial de 200 millas. La segunda, llamada triángulo externo, de 28,471.86 kilómetros cuadrados, se encuentra también dentro de las 200 millas peruanas.

En un ámbito lejano a la diplomacia, entre los pioneros de la tesis peruana ante La Haya emerge la borrosa figura del vicealmirante de la Marina de Guerra Guillermo Faura Gaig, miembro de la dictadura militar de Juan Velasco Alvarado.

Faura fue un personaje controvertido y duramente enfrentado con la alta oficialidad de la Marina por ser casi el único jefe naval que respaldó a Velasco.

Su nombramiento como ministro de Marina exacerbó las pugnas internas en la institución.

El 3 de enero de 1975, una bomba derribó parte de la fachada de la casa del flamante ministro en San Isidro. Velasco lo sacó del cargo. En agosto de 1975, Morales Bermúdez destituyó a Velasco.

TESIS FAURA. En 1977 Faura publicó su libro “El Perú y sus límites”. Planteó que los tratados vigentes con Chile no calificaban como “tratado específico” de límites y que “emplear como límite el paralelo del punto en que llega al mar la frontera terrestre es totalmente desfavorable al Perú”.

Ante ello, propuso negociar un tratado específico que estableciera como frontera “una línea media trazada de acuerdo al principio de la equidistancia de las costas” (bisectriz).También propuso recurrir al arbitraje.

El historiador chileno José Rodríguez Elizondo sostiene que “más de 30 años después, la única diferencia significativa entre las tesis de Faura y lo que está sucediendo, es que no hubo negociación ni arbitraje, sino un procedimiento judicial” ante La Haya.

Según algunos diplomáticos, la figura y el aporte del marino Faura ha sido minimizada por Torre Tagle y la clase política.

“Las razones por la cuales a Faura hasta ahora lo han querido silenciar son políticas. Hay un prejuicio”, según dijo un exembajador.

NOTA DEL EDITOR
* Artículo publicado en el diario Correo el 23 Enero 2014. Consulta el 24/01/2014.

http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/8173229/edicion+lima/el-camino-a-la-haya-hace-28-anos-peru-hizo

Corte Internacional de Justicia de La Haya: Derecho Internacional y CONVEMAR

23 enero 2014

SALUDOS  AL  GRUPO  BASADRE

Hugo Ramírez Canaval*

 

Hemos visto con satisfacción un encarte del Grupo Basadre,  en el que nos presentan un recuento de sus actividades que por años estuvieron  dedicadas a la defensa de los sagrados intereses nacionales. No me cabe la menor duda de que con esa publicación quieren –con toda justicia-  hacer olvidar la mala impresión que dejó en la ciudadanía,  la ofensa a la memoria de nuestra gloria nacional por interés personal de algunos, con dos millonarios avisos en los que  -a media página en uno (el 7 de Set. 2012) y otro a página completa (3 Oct. 2012)-  en varios diarios,  los “amigos de Chile”  presionaban imperativamente con: “El Perú debe firmar”  la Convención del Mar,  en el primero;  mientras que en el segundo  -a toda página-  desenterraron las mentiras con las que desde hace 15 años, tratan -sin éxito-  de sorprender a la ciudadanía que no conoce nada del Nuevo Derecho del Mar porque ellos  -esos ”amigos de Chile”-  impidieron su difusión… ¡Pero algunos que sí lo hemos leído, estamos atentos…!

Lo raro es que esta campaña se desencadenó en los mismos días que el  Agente y  todo su equipo venidos de La Haya, hacían sus visitas para presionar en los más altos niveles, buscando que el Perú adhiera antes de la fase oral  programada para Diciembre,  a  fin de que Chile gane antes del fallo  y… ¡Ellos…su  puestecito!.

Voy a lucubrar: El ataque desde dos frentes era perfecto,  por eso es que la activa “quinta columna” les pagó semejantes avisos. Si tenían  el éxito que esperaban, los vecinos del sur  -además de ganar la demanda-  se evitaban que el pueblo chileno se entere  -como recién se están enterando en estos meses-  de tantas mentiras que les estuvieron contando desde que el Perú decidió en 1986,  exigir a los cancilleres chilenos para conversar sobre la necesidad de realizar una delimitación marítima de acuerdo a  las normas del Derecho Internacional…

Saludamos a los peruanos del “Grupo Basadre”  que a lo largo del año 2013 han recuperado el control de esta patriótica organización y le han devuelto la razón de ser de su creación con  manifestaciones acordes y sin interesados auspicios millonarios…   Ojalá  sepan mantener el debido respeto para no volver a mezclar el buen nombre de nuestra gloria nacional con mentiras como las aparecidas en los dos avisos… Una de esas  -en el primero- dice en subrayado: “Es indispensable tener presente que la Convención del Mar reconoce la soberanía y  jurisdicción marítima que el Perú  y  Chile proclamaron originalmente…hasta las  200 millas  para los fines de exploración y explotación de los recursos naturales del mar adyacente a sus  costas”.

Eso es falso…¡Qué poca  vergüenza…!. En la CONVEMAR  no hay ningún reconocimiento de la soberanía… Mientras que ahora somos soberanos en  las 200 millas de mar, fondo y subsuelos incluidos los aires, y el Derecho Internacional –anterior y superior a la CONVEMAR- así lo reconoce; en cambio, ese arreglo de las potencias interesadas que constituye el Nuevo Derecho del Mar, dice que los mares se consideran como un todo, y sus riquezas son  “patrimonio común de la humanidad”. Nadie es dueño de nada (Art. 137)… No  le dan soberanía ni siquiera al mar territorial de 12  millas. En efecto, el Art. 2.3 de la Convención dice: “La soberanía sobre el mar territorial se ejerce con arreglo a esta Convención…”. Según el Art. 55,  en la Zona Económica Exclusiva de 188 millas, “los derechos y la jurisdicción del Estado ribereño… se rigen por las disposiciones pertinentes de esta Convención”.  En el  Art. 62.4 se dice que el Estado ribereño tendrá que adecuar sus leyes y reglamentos, para estar en consonancia con la Convención… ¡Así de claro…!

En el segundo aviso a página entera, dicen muchas más mentiras… Llegando algunas al extremo de parecer alegatos de abogados chilenos en La Haya… Estimado lector, sin buscar mucho le presento la del numeral  (1)  que dice: “El Perú nunca tuvo ni tiene un mar territorial de 200 millas. Lo que sí tenemos es una zona marítima de 200 millas, como consagra el art. 54 de la Constitución.”.  Yo digo que esta afirmación es una ofensa a los peruanos…¡No respetan ni siquiera nuestra Constitución!, la que en su art. 54 no se refiere a  “zona marítima”, dice lo adecuado: “En  su dominio marítimo el Estado ejerce soberanía y jurisdicción…” términos estos que para los estudiosos como el español Cabanellas, son  sinónimo de “mar  territorial”.

En el numeral (6) increíblemente dicen: “Existen hoy 163 países que la han aceptado (la Convención)…Ninguno de estos acepta la idea de un mar territorial de 200 millas…una ficción totalmente irreal  y  por eso no la reconoce el Derecho Internacional  ni la Convención del Mar.”. Digo: Este es otro argumento de abogados chilenos… Lo que pasa es  que quienes dicen esta barbaridad, “no se han enterado” que en 1954 –cuando la Marina tenía sus presupuestos- capturamos la flota de pesqueros de Onassis que vinieron a desafiar la soberanía del  mar peruano y les hicimos pagar una multa bajo las reglas del Derecho Internacional; igual pasó con muchos atuneros del Tío Sam, y hace poco con los pesqueros chinos y coreanos…¡Por el Derecho Internacional hemos llegado a La Haya…y por el Derecho Internacional vamos a ganar en La Haya…! ¡A pesar de los “amigos de Chile”! 

 

NOTA DEL EDITOR

* Contralmirante MGP. 

Conectividad del puerto del Callao: transporte intermodal

1 enero 2014

EL LEJANO CALLAO*

El Estado debe poner de su parte para desbloquear el puerto del Callao

Con el puerto del Callao, por el que pasa, ni más ni menos, el 85% de nuestras exportaciones, se viene dando una gran paradoja: es cada vez más moderno y eficiente, pero queda cada día más lejos.

En efecto, por un lado, el Callao ha pasado de atender sus barcos en un tiempo promedio de 4 días a otro de 12 horas. Y estamos hablando, ahora que tiene “grúas súper post panamax”, de barcos de hasta 337 metros de eslora.

Por el otro lado, sin embargo, llegar al puerto demora cada día más: de hecho, se ha calculado que el tiempo de viaje urbano de los 4.100 camiones que diariamente entran al terminal por alguna de las tres angostas vías limeñas que conducen a él puede llegar hasta a las 10 horas. Horas a las que, desde luego, hay que sumarles el tiempo que aquellos de esos camiones que vienen desde diferentes regiones del Perú han gastado en nuestras igualmente escasas y colapsadas carreteras de conexión con la capital (esencialmente la Panamericana y la Carretera Central).

Tenemos, pues, que el Callao es un órgano que se ha ido haciendo cada vez más grande y potente, acompañando al crecimiento vigoroso que ha tenido la economía peruana, pero que sigue siendo regado por las mismas pequeñas y saturadas arterias de las épocas en las que por el puerto pasaban anualmente menos de 100.000 contenedores, en lugar de los 1,8 millones que pasan hoy.

Naturalmente, pasado un punto, se vuelve irrelevante cuánto más pueda mejorar el puerto, mientras solo pueda llegar a él lo que permitan estas mini arterias. Y este es un punto que ya parecemos estar alcanzando: ÁDEX calcula el valor de los costos logísticos de la mercadería que sale del Callao en un tercio de su valor total. Algo que, naturalmente, resta muchísima competitividad a nuestros productos en el extranjero.

Lo más indignante, desde luego, es que todo este diario desperdicio de riqueza en una economía que está desacelerándose era y es perfectamente evitable. De hecho, no es mucho lo que el Estado tendría que hacer para evitarlo, más allá de dejar de obstruir. Es decir, los proyectos y las ganas para realizarlos están ahí. Las normas o los permisos para hacerlos viables (según los casos) no.

Por ejemplo, un tema que el sector privado viene solicitando repetidamente hace ya más de un año es el de la desactivación de las normas proteccionistas que hoy restringen las posibilidades de invertir en cabotaje –una opción que no solo descongestionaría la Panamericana Sur y el acceso terrestre al puerto, sino que reduciría los costos de transporte para las mercancías en cuestión–.

Otra propuesta ha venido de uno de los concesionarios del puerto: que un número de empresas usuarias del terminal construya, mediante obras por impuestos, un viaducto elevado en la Av. Manco Cápac para los automóviles, dejando libre la vía de nivel para los camiones, como ocurre en muchos puertos importantes del mundo. Pero eso requiere que el ministerio se interese en promover la iniciativa a fin de que se compatibilice y se concrete…

La empresa concesionaria del ferrocarril central, por su parte, ha planteado que se le permita extender su infraestructura ferroviaria hasta el interior del Muelle Norte, con el fin de contribuir a resolver la referida congestión de camiones. Además, propone que los camiones que vienen del norte, sur y centro del país no lleguen al Callao sino a tres antepuertos situados al norte, sur y este de Lima, conectados por ferrocarril con el Callao. Pero no hay respuesta alguna ante estas iniciativas.

En la misma línea, APM Terminals ha propuesto que se le concesione la instalación de un puerto seco cerca de la avenida Gambetta, y está solicitando que le permitan construir un depósito temporal solo para graneles en su propio terreno, lo que requiere que Ositrán fije las tarifas.

Y eso, para hablar solo de proyectos que le quitarían carga solo a los accesos al Callao, y no de los que se la quitarían al puerto en sí, como retomar las mil veces retrasadas concesiones de otros puertos.

La inversión y las ideas, en fin, están ahí, pujando por fluir, pero el Estado también está ahí, funcionando como tapón en lo que es un rol cómodo, sin duda, pero enormemente costoso para el país, y, por lo demás, muy poco inspirador.

 

NOTA DEL EDITOR

* Editorial del diario El Comercio de Lima de fecha 26 diciembre 2013. Consulta 31/12/2013.

http://elcomercio.pe/actualidad/1678245/noticia-editorial-lejano-callao

 

Corrupción en el sistema de justicia: red de prevaricación y cohecho

11 diciembre 2013

Jueces y corrupción en el Perú. Una mirada histórica
Luis Pásara*

La recientemente publicada Historia de la corrupción en el Perú, de Alfonso W. Quiroz (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, Instituto de Defensa Legal, 2013), ofrece una mirada nueva a hechos y personajes clave del país, a lo largo de varios siglos. Muchos son los temas y ángulos explorados por el historiador económico que fue Quiroz, sobre la base de un extenso uso de fuentes diplomáticas poco o nada trabajadas hasta ahora. Ésas y otras fuentes le permiten ir a los hechos de la corrupción, en vez de contentarse con medir su percepción, como se estila con frecuencia, produciendo con simplicidad resultados que en rigor son equívocos.

Entre los temas que surgen del análisis sobresale el de jueces y justicia. Su origen, como el de tantos otros de nuestros rasgos, lo sitúa el autor en el sistema colonial, en el que “la corrupción tuvo un rol central” (p. 126). Acaso la semilla se sembró en 1687 con la venta del cargo de oidor de la Audiencia, mecanismo para proveer cargos públicos que se había iniciado en el virreinato peruano en 1633 (p. 70). Cuando la práctica de venta de cargos fue abolida, en 1812 (p. 72), era tarde: la venalidad en el acceso al cargo se había contagiado, como era previsible, a su ejercicio. En 1809 un informante a las autoridades metropolitanas reportaba desde Lima que “los jueces, oficiales de hacienda y miembros del cabildo se beneficiaban personalmente de sus cargos por medio de injusticias y daños al común debido al cohecho, vicio y otras granjerías” (p. 120).

Durante la colonia, “Varios virreyes participaron del cohecho al recibir sobornos abierta o encubiertamente por […] decidir e imponer sentencias judiciales sesgadas” (p. 72). En 1747, Machado de Chaves atribuyó la decadencia del Perú “al envejecimiento y deterioro de las instituciones coloniales”, incluida la justicia, sobre la que escribió: “mutuados a un dictamen virreyes y oidores, es lo mismo que unirse los lobos y los canes a devorar un rebaño porque el principal pastor se halla lejos” (p. 75). En ese escenario se inauguró –ya entonces– la práctica de poner precio a los indultos: “los virreyes concedían indultos el día de su santo o de su cumpleaños, a una tasa acostumbrada de hasta cuatro mil pesos.” (p. 76)

Los “juicios de residencia”, que esperaban a los altos funcionarios coloniales al terminar el desempeño de su cargo, no contuvieron el mal. Según los acreditados testigos de la época Jorge Juan y Antonio Ulloa, a quienes glosa Quiroz, “al finalizar su mandato, los corregidores y otras autoridades locales, incluidos los virreyes, simplemente sobornaban al juez encargado de la tradicional averiguación oficial, para evitar el castigo efectivo” (p. 68). Desde luego, el trámite era fácilmente absuelto: “Los jueces designados oficialmente favorecían al funcionario investigado o formaban parte del mismo círculo de patronazgo e intereses. La mayoría de las veces, los residenciados eran absueltos o reprendidos levemente por los jueces de residencia mediante tecnicismos procesales, la prescripción o el rechazo arbitrario de las evidencias” (p. 69). Tales prácticas, como sabemos, gozan de flagrante actualidad.

La joven república hizo lugar preferente a la herencia colonial: “Las conexiones establecidas entre los caudillos militares, la administración estatal y los compinches privados definieron los círculos de patronazgo después de la independencia.” (p. 145). En ese marco, “tanto el ejecutivo como las autoridades legislativas y judiciales subordinadas favorecían el incremento de los abusos” (p. 157). Durante los gobiernos de Agustín Gamarra (1829-1833 y 1839-1841), “las instituciones judiciales, las garantes en última instancia de los negocios y contratos justos, tampoco eran de confiar: ‘Ciertamente, en ningún país de la cristiandad está la pureza judicial menos por encima de toda sospecha como en el Perú, y en ninguno puede tenerse menos confianza en la integridad de los magistrados’”, anotó un observador extranjero (p. 166). En concordancia, cuando en 1857 el cónsul general de Inglaterra en el Perú fue asesinado en su casa, otro diplomático inglés advirtió: “Los asesinos tal vez nunca sean descubiertos, puesto que gracias a la negligencia de la policía y la mala administración de la ley en el Perú, los más atroces criminales a menudo escapan a la justicia.” (p. 185).

A mediados del siglo XIX, a punto de iniciase la llamada era del guano, que hizo posible un boom fiscal de base endeble y corta duración, “Las redes de corrupción enlazaban a ministros, parlamentarios, jueces y hombres de negocios, así como a ciertos abogados que actuaban como intermediarios claves.” (p. 195). Pero la judicatura ya tenía asignado un papel menor; por ejemplo, con ocasión del crucial litigio en torno al contrato Dreyfus, que adjudicó en exclusividad la comercialización del fertilizante a un empresario francés, “El Ejecutivo redobló su campaña en defensa del contrato y simplemente desautorizó al poder judicial, colocando la decisión final en manos del legislativo”, donde, sobornos mediante, el contrato fue aprobado (p. 210). No obstante, el poder judicial no era inmune a tales incentivos: “El encargado de negocios francés [en 1869] apuntaba a que los jueces de la Corte Suprema sucumbieron a los sobornos de Dreyfus o los de sus contrincantes” (p. 211, nota 48). Dos años después, en 1871, fue motivo de escándalo la adquisición de barcos de guerra estadounidenses, que había sido “supervisada por el juez Mariano Álvarez (a quien se acusó de haberse beneficiado personalmente con la transacción)” (pp. 219-220). Para el periodo que va entre 1860 y 1883, Quiroz concluye: “Parlamentarios y jueces, juntamente con las autoridades del ejecutivo, participaron de modo más amplio en el tráfico de influencias y corruptela” (p. 238).

Luego de la derrota peruana en la Guerra del Pacífico (1879-1883), se erigió la voz de Manuel González Prada contra la corrupción. Su dedo acusador también recayó sobre la judicatura: “¿Qué era el Poder Judicial? Almoneda pública, desde la Corte Suprema hasta el Juzgado de Paz” (p. 242). El país intentaba reorganizarse y, para ello, atraer capitales extranjeros pero “ciertos empresarios británicos se quejaron de que ‘la administración de justicia […] ha pasado a ser indigna de dicho nombre’”, según relato de la época (p. 247).

Esta ‘normalidad’ en la justicia transcurrió sin mayores alteraciones hasta llegar, entrado el siglo XX, al gobierno de Augusto B. Leguía (1919-1930), cuando “las drásticas medidas punitivas dictadas por [el ministro de Gobierno] Leguía y Martínez causaron conflictos entre el poder ejecutivo y el poder judicial” (p. 297). La mención de Quiroz es corta e insuficiente porque el episodio fue el único de la historia nacional en el que la Corte Suprema, ejerciendo su facultad de control de constitucionalidad, en 1920 observó por escrito determinadas normas represivas adoptadas por el gobierno. El conflicto desembocó posteriormente en la destitución de los miembros de la Corte, por el gobierno, en razón de que el máximo tribunal mantuvo sus posiciones en defensa de la legalidad. Lección de dignidad y valor, destinada a no tener muchos discípulos en la historia de la judicatura.

Quiroz observa que los argumentos de la defensa de los procesados en estos casos “son muy parecidos a los que usaron virreyes y funcionarios coloniales cuando enfrentaron a sus supuestos ‘enemigos’ y acusadores partidarios en los denominados juicios de residencia.” (p. 439).

A la caída de Leguía, el gobierno de Sánchez Cerro echó mano en 1930 a la creación del Tribunal de Sanción Nacional, a partir de la estimación de que el Poder Judicial no era el lugar donde los latrocinios del oncenio leguiísta podían ser sancionados. Esta instancia, cuyo estatuto jurídico era cuestionable, recibió 664 acusaciones formales y procesó sólo 11% de ellas; 75 acusaciones fueron, pues, llevadas a juicio pero, de ellas, no llegaron a diez las que concluyeron con sentencias condenatorias (p. 306-307). Según rumores de fuentes diplomáticas que Quiroz recoge, “partidarios leguiístas de alto rango […] aparentemente tuvieron que pagar sobornos para ser exonerados o evitar ser encarcelados” (p. 317). Los sobornos también resultaron de utilidad a algunos de los militantes del APRA condenados por una corte marcial en 1932, luego del levantamiento armado en Trujillo, para evitar la ejecución que les había sido dictada (p. 321).

En las décadas siguientes a la destitución de los miembros de la Corte Suprema por Leguía, el Poder Judicial adquiere un perfil más bajo en el recuento de la corrupción al que está dedicado el libro. El historiador Jorge Basadre, que fue ministro de Educación entre 1945 y 1947, denunció judicialmente “una trama para defraudar al Estado” en la compra de pupitres escolares y encontró “un tribunal indiferente” (p. 345). Llegado el gobierno del general Manuel Odría (1948-1956), las denuncias de escandalosos negociados “no tuvieron como resultado sanciones judiciales” (p. 369). En los años posteriores, irregularidades de todo tipo se suceden, delitos evidentes se repiten una y otra vez, gobierno tras gobierno, sin encontrar condena en los tribunales. Esta constante acompaña al primer gobierno de Fernando Belaunde (1963-1968), en el que se multiplican las denuncias periodísticas y parlamentarias sobre sobornos, tráfico de influencias y una modalidad delictiva que alcanzó gran importancia: el contrabando. Por este delito finalmente fueron condenados algunos personajes públicos de primer nivel: el vicealmirante Texeira y el parlamentario Napoleón Martínez (p. 393).

“Desde mediados de la década de 1970 y particularmente en la de 1980, los problemas del narcotráfico, asociados fundamente con la creciente producción y el contrabando de cocaína, corroyeron seriamente el cumplimiento de la ley y las instituciones judiciales.” (p. 441). En la década de los años ochenta, iniciada con el segundo gobierno de Belaunde, cobró singular relieve el narcotráfico y apareció la subversión. En 1980 en el caso de un importante narcotraficante, Guillermo Cárdenas, apodado “Mosca Loca”, cinco jueces de la Corte Suprema “encontraron que las evidencias no bastaban para condenar al narcotraficante y ordenaron su inmediata liberación”. Aunque en definitiva “Mosca Loca” fue condenado a 20 años de prisión, el caso fue ilustrativo de un problema mayor. “Los escandalosos casos de ineficiencia judicial, el descarrío de la justicia y el soborno de los magistrados contribuyeron a la caída precipitada del prestigio de la judicatura. […] la percepción de que los jueces estaban parcializados o sobornados por terroristas y narcotraficantes detenidos exacerbaron el cinismo con respecto al poder judicial” (p. 421). El escándalo del contrato con la empresa española Guvarte, en el que estuvo involucrado el ministro de Justicia Elías Laroza, resultó judicialmente inconducente cuando “Elías adquirió inmunidad parlamentaria tras ser elegido diputado en 1985.” (p. 422). Otros casos igualmente llamativos no dieron lugar a procesamientos exitosos.

Durante el primer gobierno de Alan García (1980-1985), “El sistema de justicia mantuvo una decadencia que parecía imparable. […] Muchos narcotraficantes operaban con virtual impunidad sobornando a los jueces, en tanto que los magistrados de Lima y provincias temían condenar a terroristas por miedo a sufrir represalias.” (p. 428). El propio García se benefició de esta confluencia de incompetencia y falta de moralidad en el aparato de justicia. Cuando en 1991 el congreso decidió suspender la inmunidad del ex presidente “y procesarle por enriquecimiento ilícito”, la Corte Suprema “rápidamente desestimó el caso por falta de evidencias e imprecisión de los cargos criminales” (p. 436). En 1995 se abrió un nuevo caso contra García: “conspiración para defraudar (colusión ilegal), tráfico de influencias (negociación incompatible), recepción de sobornos (cohecho pasivo) y enriquecimiento ilícito.” (p. 437). El caso fue declarado prescrito y, gracias a esta declaración judicial, Alan García pudo volver a postular a la presidencia de la República y ser elegido para un segundo periodo. Quiroz observa que los argumentos de la defensa de los procesados en estos casos “son muy parecidos a los que usaron virreyes y funcionarios coloniales cuando enfrentaron a sus supuestos ‘enemigos’ y acusadores partidarios en los denominados juicios de residencia.” (p. 439).

A fines de los años ochenta ya había aparecido Vladimiro Montesinos como un exitoso defensor en el terreno judicial. En 1988 obtuvo la absolución de sus defendidos en el caso del narcotraficante Reynaldo Rodríguez López, “el Padrino”. Su prestigio aumentó cuando logró la exoneración de su cliente, el general José Valdivia, en el caso judicial por la masacre de campesinos de Cayara en 1988 (pp. 450-451). Al llegar al gobierno en 1990, de la mano de Alberto Fujimori, “Montesinos diseñó un sistema integrado por jueces, fiscales, funcionarios de cárceles y oficiales de policía.” Con esa red “manipuló el aparato judicial para castigar e intimidar a los medios [de comunicación] independientes” (pp. 454-455). Producido el autogolpe de 1992 y luego de la purga judicial dispuesta por la dictadura, “Para liderar este sistema judicial abierto a la prevaricación y [el] cohecho, el juez Luis Serpa Segura fue nombrado presidente de la Corte Suprema, y la magistrada Blanca Nélida Colán fue designada fiscal de la Nación.” En las condiciones políticas creadas por el golpe de Estado, el “embajador Anthony Quainton” consideró “que el ataque de Fujimori al poder judicial era una buena oportunidad para influir en materia de reformas favorables a los intereses de Estados Unidos.” El embajador estadounidense no vaciló en reportar a Washington: “Perú está dirigiéndose en una dirección que es consistente con nuestros intereses de largo plazo.” (pp. 461-462).

Los “asuntos sin investigar” que fueron denunciados crecieron en número e importancia; entre ellos, las denuncias de Susana Higuchi sobre las ong de la familia Fujimori, “el saqueo de la caja de pensiones militar y policial, y la malversación de la compañía de seguros estatal Popular y Porvenir” (p. 465). Paralelamente, “diversas acusaciones formales contra Montesinos” fueron desestimadas por la Fiscal de la Nación (pp. 475-476). Una poderosa organización de corrupción había penetrado el sistema de justicia: “Los jueces de la Corte Suprema y de los juzgados superiores y provinciales conformaron una red de prevaricación y cohecho que otorgaba decisiones y sentencias a favor de intereses privados y políticos protegidos por Montesinos. […] Desde su supuesta reforma en 1992, todo el sistema judicial estaba plagado de ‘innovaciones’ institucionales que servían como incentivo para los jueces mediocres y corruptos, y como castigo para los honrados. Aproximadamente, cincuenta jueces de cortes superiores y provinciales colaboraron en la red judicial de Montesinos.” (p. 475). En el famoso litigio en torno a la explotación minera de Yanacocha, Montesinos inclinó la balanza a favor de de Newmont-Buenaventura al inducir el voto del juez Jaime Beltrán a cambio de ciertas ventajas. (p. 489).

El epílogo de esta historia lamentable es algo más honroso. El Poder Judicial peruano ha sido capaz, a partir del año 2001, de procesar a 1250 personas por la participación en la gigantesca red montada por Montesinos (p. 523). En abril de 2009 un tribunal de la Corte Suprema condenó a Alberto Fujimori a 25 años de prisión. Estos hitos, pese a algunas limitaciones importantes, no tienen precedente en la historia del país. Lo que es más difícil de afirmar –especialmente luego de mirar esta historia ignominiosa de la justicia peruana– es si, en adelante, los jueces se demostrarán capaces de enfrentar el cáncer de la corrupción. Varios casos importantes –el del ex presidente Toledo, entre ellos– están en la agenda judicial actual o próxima, como para testar la voluntad y la entereza de nuestros jueces.

NOTA DEL EDITOR

* Jurista. Artículo publicado en «Ideele Revista N° 234». Consulta 10/12/2013. http://www.revistaideele.com/ideele/content/jueces-y-corrupci%C3%B3n-en-el-per%C3%BA-una-mirada-hist%C3%B3rica


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