Política responsable y persecución política

Inmunidad o Impunidad
Por Jans Erik Cavero Cárdenas*

La inmunidad parlamentaria como prerrogativa de las cámaras legislativas es una institución que debe revisarse. Los casos vigentes de Raffo y Del Castillo sirven para explicar que en el Perú la inmunidad ha sido, y está siendo, desnaturalizada por los distintos operadores, políticos y jurídicos.

Carlos Raffo, congresista fujimorista, se aferra a su inmunidad para evitar ser procesado por sus nexos con Montesinos. Años de cárcel tendría que purgar por su concurrencia al SIN para recibir miles de dólares del tesoro público. Jorge Del Castillo, congresista aprista y ex Premier, hoy secretario general del APRA, también se aferra a su inmunidad para evitar ser procesado por corrupción y otros delitos que merecen pena privativa de su libertad.

La inmunidad parlamentaria existe en la mayoría de los Parlamentos del mundo. Su funcionalidad no se cuestiona porque está diseñada para evitar que un legislador sufra persecución política que lo aparte del cargo. Si una persona o autoridad demanda judicialmente a un diputado, la cámara lo único que evalúa es si tras esa demanda existen indicios de persecución política, caso contrario, si hay presunción de responsabilidad penal (como en el caso de Raffo y Del Castillo), el levantamiento de inmunidad es automática.

El Parlamento, o la comisión de levantamiento de fuero, no tiene función jurisdiccional, por tanto no le compete comprobar si hay o no responsabilidad penal, ni mucho menos calificar el delito o la imposición de la pena. Basta la existencia de mínimos indicios que ameriten quitar el fuero. El grado de autoría, la pena, la tipificación del delito, etc., son atribuciones exclusivas del Poder Judicial, una de cuyas salas solicita el levantamiento de inmunidad.

Ahora bien, la inmunidad tiene un ámbito doble: Inmunidad de opinión e inmunidad de arresto y proceso. En el Perú, la inmunidad de opinión no tiene límite alguno, por ello es fácil para un congresista insultar, difamar, calumniar, o mellar honras ajenas. Por su lado, la inmunidad de proceso exige un pedido, llamado suplicatorio, del Poder Judicial para procesar a un parlamentario que ha cometido ilícitos penales.

La inmunidad no alcanza a los procesos civiles, administrativos u otros distintos que no fueran de índole penal. En el Perú, la inmunidad tampoco alcanza los delitos de función, pues para éstos existe el juicio político, conocido también como acusación constitucional. Por una simple diferenciación en el tipo penal, los congresistas gozan de un doble privilegio. ¡Provecho!

Hay otro asunto conexo que en el Perú desnaturaliza la inmunidad parlamentaria. La prerrogativa, porque está pensada para representantes políticos, sólo debe proteger desde la juramentación del cargo congresal hasta la culminación del mismo. Raffo cometió delito antes de ser elegido, por lo tanto, es un error escudarse en una prerrogativa que no tenía durante sus visitas al SIN. La inmunidad no puede aplicarse ni retroactiva ni ultractivamente. Igual sucede con la acusación constitucional, cuya protección se extiende hasta después de 5 años de dejar el cargo. En otras experiencias, la inmunidad sólo protege durante las sesiones parlamentarias y al interior del recinto congresal, pero no fuera de las instalaciones, tampoco durante el periodo de receso legislativo, ni mucho menos cuando los representantes no ejercen sus atribuciones previstas por sus reglamentos internos.

Si en nuestro sistema penal estuviera tipificado el delito de perjurio (mentira), Raffo, Del Castillo, y otros tantos corruptos e impresentables de la política peruana estarían presos por muchos años. Urge por tanto, una reforma adicional: La instauración del juicio de residencia para los presidentes salientes y los altos funcionarios del Estado. De esta manera se evita que no huyan del país aquéllos que han administrado la cosa pública, y se castigue a quienes hubieran traficado con el dinero de todos los peruanos.

Un asunto final, de importancia capital, consiste en soslayar que la revisión de las inmunidades y otras prerrogativas, como el antejuicio político, no pasan por simples enmiendas constitucionales aisladas, sino por un proceso de reforma estructural que obedezca a un cambio institucional de vanguardia. El Perú necesita un nuevo pacto social y una Asamblea Constituyente para poner, al servicio de la comunidad política, reglas y principios superiores que revolucionen el ordenamiento jurídico y el sistema político en general.

* Politólogo. Artículo publicado en «AHuA» el 21/04/2010, al cual se puede acceder siguiendo el enlace: Inmunidad o Impunidad. Consultado el 24/04/2010 <http://mx.groups.yahoo.com/group/AHuA/message/27320>


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