Economía y estrategia: riesgos y desafíos

Estado y economía: estrategia nacional
JJ. Doig

Contexto nacional

El régimen económico que la Constitución Política del Estado establece, se debe ejercer en el marco de una economía social de mercado, y bajo dicho régimen el Estado debe orientar el desarrollo del país (CPP, 1993: art. 58º), esta es la opción del constituyente que prefiere en armonía con la norma fundamental de un Estado social y democrático de Derecho, la constitución económica de un régimen que se ubica en una tercera opción, entre el llamado Estado liberal de un sistema puro de mercado, y el Estado socialista de un sistema de dirección o planificación central. (TC, 2003)

Sobre la opción elegida, se centra la discusión entre dos interpretaciones. En un extremo, una economía de mercado basada en la libertad e iniciativa privada que admite por excepción la intervención del Estado, y en el otro extremo una economía mixta en la que se combinan de forma asistemática las actuaciones públicas y privadas según las necesidades del momento, y que reconoce el papel protagónico del Estado en la economía (Ariño, 2004).

Sin lugar a dudas, nuestro régimen constitucional se ubica en la primera interpretación por la actuación subsidiaria del Estado en la economía (CPP, 1993: art. 60º), toda vez, que “…el Estado no puede permanecer indiferente a las actividades económicas, lo que en modo alguno supone la posibilidad de interferir arbitraria e injustificadamente en el ámbito de libertad reservado a los agentes económicos” (TC, 2003: pág. 12).

Al descartar la opción de un régimen de economía mixta -de una economía dirigida o controlada del mercado-, se definen con claridad tres formas de intervención del Estado, sustentadas en los principios de subsidiaridad estatal y de libre iniciativa privada: regulación (1), planificación económica (2) y actividad empresarial (3) (Kresalja, 2009: pág. 386); planificación que aun cuando no sea jurídicamente coactiva debe encauzar la acción empresarial privada hacia la realización de los objetivos nacionales fijados por el plan (Ariño, 2004). En el contexto nacional, la distinción evidente se deberá dar entre planificación económica privada y  planificación estratégica pública -por el Estado-.

Contexto internacional

La naturaleza jurídica del régimen económico constitucional se ubica en el marco internacional de una economía libre de mercado, caracterizada por la competitividad en un proceso de globalización de intensa interdependencia entre agentes del mercado mundial, en un entorno de cambio constante. Así, “La globalización requiere que los administradores de una organización respondan a cuestiones culturales y ajenas al mercado más complejas, que enfrenten retos más grandes al evaluar y transferir la mejor práctica y que tomen decisiones más difíciles de asignación de recursos” (Saloner, 2005: pág.330).

Uno de los cambios más sorprendentes y profundos en las relaciones internacionales ha sido la expansión global de empresas y economías, tanto por el comercio como por las inversiones. El factor determinante en dicha expansión global, ha sido la llamada economía de localización que surge del desarrollo de una actividad de creación de valor en el país óptimo para tal efecto. (Hill, 2000)

La expansión de mercados por empresas transnacionales, ubicándose en los países que mejores condiciones para la inversión y el comercio les ofrecen ha comprometido con mayor sensibilidad la acción del Estado constituido en un régimen de economía social de mercado, en razón a sus necesidades de desarrollo económico con relación a Estados desarrollados y a sus empresas, al dilucidar la responsabilidad internacional de los mismos ante tribunales arbitrales, según el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, CIADI (BM, 1965), que el Perú suscribió en 1993, sometiendo muchas veces el derecho nacional al ordenamiento internacional. Así, “… el arbitraje internacional ha sido concebido por determinados tribunales CIADI únicamente como un mecanismo de protección de inversiones, en el que las legítimas facultades regulatorias de los Estados receptores de inversión no han sido igualmente consideradas” (Carbajal, 2004: pág.212).

La relación jurídica internacional entre Estados y empresas transnacionales, es cada vez más global e interdependiente, debiendo los Estados perfeccionar procedimientos institucionales a fin de hacer cada vez más eficiente su Administración, más aún cuando por auto imposición del propio Estado, se favorece el planeamiento estratégico de empresas u otros Estados al admitir por norma constitucional garantías especiales como son los denominados contratos-ley. (CPP, 1993: art.63º).

Conclusión final

Al no contar el Estado con un plan estratégico nacional, se encuentra en una sensible posición de desventaja competitiva frente a nuevos actores de las relaciones internacionales; pues para procesos de cambio constante que caracterizan el momento actual,  donde “la interdependencia es probablemente la piedra angular del enfoque sistémico” del planeamiento (Herrscher, 2005: pág. 128), la planificación estratégica del Estado se ofrece como el medio más apropiado para afrontar esta situación interna y global.

BIBLIOGRAFÍA

ARIÑO, Gaspar. Principios de Derecho Público Económico. Modelo de Estado, Gestión Pública, Regulación Económica. Editorial Comares, Granada, 2004.

BM, Banco Mundial. Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, CIADI, Nueva York, 1965. Editado por el BM, Washington, 2006. Consulta 24 agosto 2010 en: <http://icsid.worldbank.org/ICSID/ICSID/RulesMain.jsp&gt;

CARBAJAL, Christian. Responsabilidad internacional de los estados frente a los inversionistas extranjeros: comentarios en torno a la debida aplicación del derecho por los tribunales CIADI. En: Agenda Internacional — Año 10, no. 20, PUCP, IDEI, 2004, pp. 195-213

CPP. (1993). Constitución Política del Perú. Lima: Edición Oficial. Consulta 24 agosto 2010 en:  <http://www.tc.gob.pe/legconperu/constitucion.html&gt;

HERRSCHER, Enrique. Planeamiento Sistémico. Ediciones Macchi, Buenos Aires, 2005.

HILL W., Charles y otros. Administración Estratégica. Un enfoque integrado. Editorial McGraw-Hill, Colombia, 2000.

KRESALJA, Baldo y OCHOA, César. Derecho Constitucional Económico. Editorial PUCP, Lima, 2009.

SALONER, Garth y otros. Administración Estratégica. Editorial Limusa Wiley, México, 2005.

TC. Tribunal Constitucional del Perú. Sentencia al EXP Nº0008-2003-AI/TC del 11.11.2003. Consulta 24 agosto 2010 en: <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00008-2003-AI.html&gt;

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