Estado y mercado: visión y magia

Orientación y progreso: bien común

Por Diego Moche

Corrientes de políticas públicas que proclaman el imperio de las leyes del libre mercado –la mano invisible y mágica del mercado-, recusan toda forma de planificación estratégica de desarrollo del Estado, se radicalizan en extremo y tienden a negar la función institucional del planeamiento estratégico. Al desactivar en algunos casos sus propios sistemas de planeamiento dejan al Estado a la suerte del mercado, perdiendo progresivamente la conducción de sus propios medios al no poderlos dirigir a la acción de manera decisiva y en las condiciones más favorables.

Sin embargo, políticas de Estado de naciones más desarrolladas favorecen hoy la aplicación del planeamiento estratégico en todos sus niveles y campos de acción porque este valioso instrumento ha dejado de ser una ventaja competitiva en un mundo globalizado, y en todo caso carecer de planeamiento estratégico aplicado se convierte en desventaja relativa para cualquier actor internacional -toda vez que sus propios presupuestos anuales los vincula al mercado con visión de futuro-.

En cuanto al proceso de planeamiento de la defensa de los países -sin distinción de políticas de Estado-, es universalmente aceptado e indispensable el planeamiento estratégico para el ejercicio y conducción del poder militar por ser vital para los sistemas de defensa y seguridad de las naciones –toda vez que corresponde a un instrumento originario y propio de la naturaleza militar-.

Constitucionalizar el planeamiento estratégico del desarrollo del Estado es esencial para el sistema jurídico y administrativo de un país por el gradual y progresivo cumplimiento de una misma exigencia: el ejercicio efectivo de derechos fundamentales. Estamos muy lejos de proponer diferencias en la eficacia de tales derechos o de distinguir normas constitucionales programáticas de aplicación diferida, pretendiendo precisarlas como pautas políticas o guías no vinculantes para las políticas de Estado –esto es, de preceptos constitucionales que establecen un principio normativo de cumplimiento diferido por falta de recursos del Estado- (TC, 2003)[1].

La norma fundamental del Estado es factor determinante para la ejecución del proceso de planeamiento estratégico a fin de contribuir con el desarrollo del Estado en armonía con la defensa nacional, toda vez que tales normas representan el compromiso del Estado y la sociedad por tutelar derechos económicos, sociales y culturales para la plena realización de la persona. Al determinar fines y tareas del Estado corresponden a obligaciones objetivas, que requieren metas y programas de acción por parte de los poderes públicos (Cascajo, 1988).

Los objetivos constitucionales de bienestar y seguridad del Estado son concomitantes porque comparten tiempos de vida iguales, con los objetivos de desarrollo y defensa nacionales (CPP, 1993),[2] por tanto existe una estrecha vinculación y complementariedad entre ellos para los efectos de política y estrategia nacional en el tiempo, consecuentes con el proceso del planeamiento estratégico del Estado.

El planeamiento estratégico del Estado es vinculante para la Administración Pública, y no vinculante para la administración privada. El planeamiento estratégico que realice el Estado siempre será un referente orientador no vinculante para cualquier proceso de planeamiento que desarrolle en forma libre y autónoma la iniciativa privada (CPP, 1993),[3] por tanto no debe haber ninguna interferencia con la libre actuación en el mercado.

En nuestro caso, la economía social de mercado que rige la actual Constitución Política del Perú, no sólo implica el rol regulador del Estado en el mercado por la enorme carga social que el país soporta sino la función orientadora del desarrollo nacional sustento de la planificación estratégica del Estado, en razón de alcanzar la efectividad de derechos fundamentales relativos al bien común.

En conclusión, en el mundo actual y futuro –globalizado e interdependiente-, no cabe ninguna forma de gobierno de las naciones que ofrezca garantías de seguridad integral sin previsiones de bienestar social planificadas estratégicamente, dado un entorno de cambio constante, cada vez más rápido y altamente competitivo.

BIBLIOGRAFÍA

CASCAJO Castro, José Luis. La Tutela Constitucional de los Derechos Sociales. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1988.

Constitución Política del Perú (1993). Lima: Edición Oficial. Consulta 11 junio 2010.

<http://www.tc.gob.pe/legconperu/constitucion.html&gt;

Tribunal Constitucional del Perú. Sentencia al EXP Nº0008-2003-AI/TC del 11/11/2003.  Consulta 11 junio 2010.

<http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00008-2003-AI.html&gt;

NOTAS AL FINAL


[1] El Tribunal Constitucional, señala: “…la interpretación social permite maximizar la eficiencia de los derechos económicos, sociales y culturales en los hechos concretos, de modo tal que las normas programáticas, en cuya concreción reside la clave del bien común, no aparezcan como una mera declaración de buenas intenciones, sino como compromiso con la sociedad dotado de metas claras y realistas. (…) el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, obliga a los Estados a actuar de manera individual y conjunta para alcanzar la efectividad de los derechos que dicho texto reconoce.”  (TC, 2003: fundamento 6º)

[2] La norma constitucional señala como deberes primordiales del Estado: “…proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”. (CPP, 1993: artículo 44º)

[3] El límite de la función orientadora del Estado para el desarrollo del país está en el principio de la libre iniciativa privada, toda vez que bajo: “Este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país.” Entonces, dicha función orientadora es el sustento de la planificación estratégica del Estado, respetando la plena y absoluta libertad de las personas para escoger las vías y los medios a través de los cuales se pueden alcanzar los fines planteados por el Estado.” (CPP, 1993: artículo 58º)

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