Planeamiento Estratégico del Estado

NORMAS Y PLANES: complementos

Por Gabriel Moche

En general países como el nuestro se gobiernan mediante normas que se dictan en ejercicio del poder delegado por el pueblo a sus representantes, logrando el Estado y la Sociedad su cumplimiento por coacción –intimidación- o coerción –empleo de la fuerza-, sin embargo se desestima el empleo de planes como instrumentos jurídicos para el ejercicio pleno de intereses y derechos tanto del propio Estado como de la sociedad, para orientar el desarrollo sostenible del país. Situación que imposibilita a la nación en su conjunto afrontar desafíos en un mundo globalizado donde la constante es el cambio y la característica predominante es la interdependencia cada vez más competitiva que el futuro le depara y exige prepararse al país eficientemente en armonía de esfuerzos con  imaginación y creatividad.

Parece ser un planteamiento contradictorio e inaceptable proponer el empleo jurídico y simultáneo de ambos instrumentos de gobierno al más alto nivel del Estado -Planeamiento Estratégico y Derecho Constitucional-, porque la corriente política imperante literalmente rechaza y descarta cualquier forma de intervención del Estado en la economía del país, salvo excepción del principio de subsidiaridad. La planificación estratégica del Estado es considerada una amenaza al libre mercado, sin embargo Estados y empresas transnacionales  de economías de las más liberales y desarrolladas en el mundo hacen uso de ambos instrumentos -normas y planes-, para organizar y orientar sus países  hacia niveles de desarrollo cada vez más distantes de los nuestros, pues  “Se percibe la planeación como  la forma más estructurada y profesional de hacer política e implantar, la cual debería ser  un componente clave de la ciencia política. [Por otro lado] …habrá una mayor  integración de sistemas de planeación comercial, y de la planeación gubernamental, como por ejemplo, una combinación de planes para tratar problemas sociales, tales como transporte”  (Steiner, 1986: 311).

Esta es una paradoja que nos exige reflexionar sobre los conceptos que definen la naturaleza de tales medios para alcanzar los fines deseados sin perjuicio de los principios de libertad y dignidad del ser humano. El Derecho que tiene en nuestra realidad nacional como fuente determinante de su creación la legislación -mediante leyes formales-, trata por lo usual normas de orden público restrictivas de la libertad, que la doctrina las califica como normas perfectas pues se distinguen esencialmente por su carácter sancionador, así  «[E]xiste un problema teórico en el Derecho, que consiste en determinar si la sanción es un elemento esencial constitutivo de la norma jurídica o si no lo es. [Sin embargo] La experiencia jurídica aconseja su conveniencia y, en muchos casos, su indispensabilidad.  La cita de Mario Alzamora Valdez es categórica: “Las normas son perfectas cuando la consecuencia jurídica que deriva de su infracción es la nulidad del acto violatorio realizado”, esto es, su característica sancionadora» (Rubio, 1999: pp., 105, 113, 104).

Por otro lado, el planeamiento estratégico se funda en principios naturales de relación causa-efecto en el marco de la dialéctica de voluntades en oposición, como instrumento esencial para alcanzar los objetivos de la política y así orientar la realización plena y libre de las personas y sus instituciones -por lo usual previsiones para desarrollar mayores espacios de libertad y progreso en general-, tiene un carácter premial en la consecución de metas y objetivos.

El carácter premial del planeamiento en general que bonifica con el progreso el  obtener un resultado esperado, no puede quedarse en sólo eso como estímulo, tiene necesariamente que complementarse con el carácter sancionador del Derecho que por su efecto persuasivo advierte consecuencias por el incumplimiento injustificado de un objetivo previsto gracias al respaldo de la norma respectiva.

La naturaleza del comportamiento de la persona humana en sus diversas expresiones responde a estímulos que varían en diversas formas entre premios y castigos, por tanto el Derecho nacional debe recoger ambos extremos de la conducta humana. El reproche de la sociedad a través de una pena o un castigo es una medida extrema que tiene toda la justificación del caso para exigir a la administración pública que incumple por ineficiencia e ineficacia, sin ninguna explicación que lo releve de responsabilidad, por la imprevisión en sus funciones o por la injustificación de no lograr los resultados esperados de interés público.

BIBLIOGRAFÍA

RUBIO Correa, Marcial. El Sistema Jurídico. PUCP. Fondo Editorial, Perú, 1999.

STEINER, George A. Planeación Estratégica. Compañía Editorial Continental S. A., México, 1986.

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